Son 10 los delitos por los que fueron citados a declarar Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas, que en 2022 promovieron el paro violento de 36 días en rechazo a la postergación del Censo de Población y Vivienda.
Para las 09.00 fueron convocados, respectivamente, el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz y el rector y vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM).
A continuación, los 10 delitos: 1) resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; 2) atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado; 3) violencia política contra mujeres; 4) racismo; 5) discriminación; 6) atentado contra la libertad de trabajo; 7) atentado contra la seguridad de servidores públicos; 8) asociación delictuosa; 9) terrorismo y 10) impedir el desarrollo de funciones.
Con el paso de los días, el paro indefinido en Santa Cruz, que comenzó el 21 de octubre, se volvió más violento y degeneró en acciones delictivas, según investigaciones preliminares.
Al margen de las agresiones físicas y verbales a quienes no acataban la medida, se contabilizaron tres muertes y una violación múltiple, entre otros hechos.
Algunos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fueron involucrados, y hasta sentenciados, en la quema y saqueos de las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Regional.
Muertes
A pesar de que Calvo y el gobernador Luis Fernando Camacho, otro de los líderes de la movilización, insisten en que la protesta fue pacífica, el paro tuvo a una primera víctima fatal la madrugada misma de iniciado el paro.
La autopsia de ley practicada al cuerpo de Julio Pablo Taborga, de 47 años de edad, confirmó que falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneal (TEC). Fue atacado por grupos que promovían el paro en Puerto Quijarro.
La esposa de la víctima, Carolina Chore, aseguró que la muerte fue ocasionada por la golpiza propinada por integrantes del Comité pro Santa Cruz.
El 9 de noviembre, un motociclista identificado como Eduardo Arancibia, de 22 años, falleció decapitado por un cable coaxial tendido en uno de los puntos de bloqueo en Santa Cruz. El cable estaba amarrado a dos postes de alumbrado público en el Quinto Anillo.
Dos de sus acompañantes también quedaron con lesiones de consideración.
La madrugada del 10 de noviembre dos personas fueron apuñaladas en un punto de bloqueo instalado en Barrio Lindo. Según reportes, José Eduardo Sosa, de 28 años, fue apuñalado. Otro agredido fue Jhon Jairo Montero, quien fue trasladado en estado crítico al Hospital Francés en Santa Cruz.
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Violación múltiple
La directora de la Casa de la Mujer de Santa Cruz, Ana Paola García, denunció una violación múltiple contra una joven de 21 años. La agresión ocurrió en el tercer día del paro indefinido, según confirmó a Piedra Papel y Tinta, de La Razón.
Además, denunció que en los puntos de bloqueo se consumía bebidas alcohólicas, se acosaba a mujeres y se generaba “mucha violencia”.
Pedido de no pronunciamiento
El lunes, Vargas pidió a sus seguidores no movilizarse durante las audiencias sobre la presunta comisión de varios delitos en el paro de octubre y noviembre 2022.
“Le pedimos a todo el pueblo que no se movilicen, que nos permitan ir a hacer nuestras declaraciones sin ningún tipo de presión”, dijo el funcionario.
Ausencia de Cuéllar
Calvo y Vargas anunciaron que se presentarán este jueves a prestar su declaración informativa en el caso. En tanto, Cuéllar se hará presente a través de su abogado, debido a su visita al Vaticano.
El jefe de Relaciones Públicas de la UAGRM, Manfredo Bravo, informó el lunes que el rector fue invitado por el papa Francisco y que viajó el jueves.
Audiencia
La orden de citación menciona que los denunciados deberán comparecer portando su cédula de identidad y asistir con su abogado defensor de confianza.
Caso contrario, se les asignará un jurista de oficio. Además, advierte que, en caso de incumplimiento, se emitirá una orden de aprehensión, conforme al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.
Denuncia
La denuncia contra Calvo, Cuéllar y Vargas fue interpuesta por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz.
El paro no consiguió su propósito y luego de una mesa técnica en Cobija, que sugirió Censo de Población y Vivienda en 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que dispuso el evento para el 23 de marzo de ese año.
