El Gobierno inició, este jueves, la socialización del ante proyecto de la Ley 305 con representantes de las organizaciones de prensa, además, ratificó de que no se vulnerará la libertad de expresión.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó que se sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Periodistas de Bolivia (APB), de la Asociación de Periodistas de La Paz (APL) y de la Asociación de Prensa Nacional (APN).
En la reunión, que se realizó con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, también participó el ministro de Justicia, Iván Lima.
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“Estamos en la línea de analizar, de escuchar, de dialogar y de socializar. El ministro Lima lo que ha mencionado es que nada está escrito en piedra”, explicó la funcionaria de Estado.
“Ese es, precisamente, el escenario en el que estamos en este momento. Nos hemos reunido, estamos escuchando, estamos aclarando y explicando cuál es el objetivo de esta normativa”, agregó Alcón.
A la conclusión del encuentro, Lima explicó que la Comisión de Derechos Humanos definirá si se mantiene o retira el artículo 281 del anteproyecto, que generó observaciones por parte del gremio de la prensa.
Gobierno
Ese artículo prevé sanciones, de tres a siete años de cárcel, contra las personas que difundan por cualquier medio “ideas basadas en la superioridad racial”.
Además, que “promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación”; “pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios”.
Ley 305
También, que “incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”.
El Gobierno “jamás fue en contra de la Ley de Imprenta”, y, por el contrario, recurrió a la norma para presentar algunos reclamos por publicaciones periodísticas, afirmó Alcón.
“Nosotros hemos acudido al Tribunal de Ética y nos han dado la razón”, refirió la Viceministra.
