La tarde de este sábado, se instaló la sesión en la Comisión Mixta del Legislativo, para debatir la nueva convocatoria y el reglamento para preseleccionar candidatos a las elecciones judiciales.
La previsión es concluir esta labor hasta el martes de la próxima semana. Luego, se prevé remitir el informe para su aprobación por el pleno de la Asamblea Legislativa.
Así, el viernes próximo se debería emitir la nueva convocatoria a postulantes.
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En ese marco, se perfilan plazos ajustados, luego que la Sala Constitucional del Beni ordenó, el jueves, dejar sin efecto el proceso que inició en marzo.
El diputado Juan José Jauregui (MAS), que forma parte de esa comisión, dio detalles de la reunión.
“La siguiente semana podremos emitir la convocatoria y el reglamento, y abrir el proceso de recepción de las postulaciones”, explicó Jauregui.
Comisión Mixta
Primero, “se pondrá en conocimiento los contenidos de la resolución emitida por el tribunal de garantías del Beni, y el martes prevemos concluir esta labor”, explicó Jauregui.
El jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni resolvió dejar sin efecto la convocatoria a la preselección de candidatos a las judiciales.
La decisión se asumió para que el Legislativo resuelva las observaciones que se hizo a un artículo que fue objetado en la normativa. Asimismo, se ordenó un nuevo reglamento y plazos.
Elecciones judiciales
El fallo se ejecutó en el marco del amparo constitucional que interpuso el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz.
Así, la Asamblea anuló la recepción de postulaciones para elegir a los candidatos para conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
La convocatoria fue emitida el 28 de marzo y desde entonces se comenzó a recibir las carpetas de los postulantes.
Plazos
No obstante, en medio del proceso, el abogado Balcázar Ruiz objetó el numeral 16, del artículo 19 del reglamento.
La disposición establece como un “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública”.
Ante esa situación, presentó un amparo constitucional en la Sala Constitucional del Beni, que resolvió dejar sin efecto la convocatoria mientras no se subsanen las observaciones.
