El abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, denunció que su defendido fue desconectado de manera “arbitraria” del suero y tratamiento médico, extremo que desmintió Régimen Penitenciario.
Para el jurista, esto se constituye en un “atentado” contra la salud para su defensa.
“Por órdenes de la señora Mariana García, por órdenes de Franz Laura, del Régimen Penitenciario, se ha interrumpido este tratamiento poniendo en riesgo la vida del gobernador”, denunció el abogado, que justificó que esta audiencia podía ser señalada para otra fecha.
En respuesta, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó que no hubo ninguna interrupción al tratamiento médico que recibe Camacho. “Desmentimos absolutamente, él está en este momento con su tratamiento, (…), (está) garantizada absolutamente su atención”, aseguró el funcionario.
Entretanto, la Dirección General de Régimen Penitenciario emitió un comunicado en ese mismo sentido. Nuestra oficina “desmiente categóricamente dicha situación y aclara que el privado de libertad recibe actualmente su tratamiento”, dice la publicación.
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Camacho
Además, explicó que el suero que recibe Camacho se aplica cada 21 días, como solicitó el propio gobernador. Su enfermera particular también puede ingresar en la celda y “supervisar el tratamiento médico que tiene una duración de 24 horas”.
A pesar de que en los primeros días de su reclusión familiares y defensa legal afirmaron que su estado de salud era delicado, con el paso de los días se evidenció una constante mejoría.
La defensa del gobernador hizo la denuncia este martes a horas del inicio de una audiencia virtual que Camacho tenía programada para las 10.00 por el caso del carro Bombero, pero fue postergada para el jueves a las 08.30.
La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en la compra de un carro bombero. Los delitos señalados contra Camacho son: uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Camacho está recluido en el penal de Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre, acusado de terrorismo en grado de autor en el caso Golpe de Estado I. Este caso está referido a los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019.
