Roberto A. Barriga
Después de la imputación por la vía ordinaria de la expresidenta, Jeanine Añez, por las ejecuciones sumarias en Sacaba y Senkata, la presidente de la Asociación de Víctimas de la masacre de Senkata, Gloria Quisbert Ticona, dijo que espera una pronta sentencia condenatoria por las ejecuciones sumarias sucedidas, y no solo una detención preventiva.
“Como víctimas y familiares que hemos sufrido el 2019 pedimos justicia, hasta el momento no hay una condena”, expresó Quisbert Ticona este miércoles en entrevista con La Razón Radio.
La presidenta de la Asociación de Víctimas de la masacre de Senkata perdió a su hermano durante los conflictos de 2019. Argumentó que se tienen las pruebas correspondientes para iniciar el proceso e indicó que se agotaron los intentos de realizar un juicio de responsabilidades en el año 2021, por eso está a favor de una imputación por la vía ordinaria.
Quisbert Ticona expresó que la expresidenta, Jeanine Añez, “no fue elegida por el pueblo sino se autoproclamó”, por lo que corresponde la investigación que se inició el lunes por la vía ordinaria.
Añez niega lo sucedido en 2019
A través de su cuenta oficial de Twitter, Áñez manifestó que esta nueva investigación es falsa, además de tener poca credibilidad.
“El régimen masista podrá seguir inventando 1.000 procesos, detenciones preventivas y condenas, pero siempre será preso de sus propias mentiras, de falsificar el pasado, el presente y el futuro. Su injusticia azul contra Jeanine Áñez ya no sirve ni a sus bases, ya nadie les cree”, expresó la expresidenta.
Acorde al informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el 23 de julio del 2021, una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Jeanine Áñez fue la promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre de 2019.
Esta norma apodada “decreto de la muerte” pretendía eximir de responsabilidad penal a los militares y policías que participaron de las ejecuciones sumarias.
Acorde a los expertos se desconocieron los estándares internacionales de derechos humanos , se estimuló la represión violenta y se realizó ejecuciones sumarias.
Además de señalar que los alcances de este tipo de decreto contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos.
El informé detalló que existieron ejecuciones sumarias dentro del Estado Plurinacional de Bolivia y determinó que las víctimas estaban en desventaja al no contar con armamento ni siquiera equiparable al de sus agresores
La masacre de Sacaba sucedió el 15 de noviembre de 2019, un día después que se promulgó “el decreto de la muerte” 4078, la de Senkata el 19 de noviembre.
Las primeras masacres ocurrieron el 11 de noviembre en los barrios del extremo sur de la ciudad de La Paz, exactamente en las zonas de Los Almendros, Los Rosales, El Pedregal, Ovejuyo, entre otros, donde la población fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales.
