La situación de crisis política y social en Perú, que degeneró en violencia, muertos, masacre y uso desproporcionado de la fuerza pública; además de un informe de la CIDH, es comparable a la crisis poselectoral de 2019 en Bolivia.
Ambos hechos fueron cuestionados por organismos internacionales que advirtieron violación de derechos humanos en las jornadas de protesta que derivaron en la muerte, en Perú, de más de 70 personas, y, en Bolivia, 37.
Las protagonistas de la crisis son las mandatarias transitorias, Dina Boluarte en Perú y Jeanine Áñez en Bolivia; ambas devenidas de una sucesión. Reemplazaron bajo distintas características y argumentos jurídicos, respectivamente, a Pedro Castillo y Evo Morales.
Así comparamos los hechos:
1 Sucesión
La sucesión en Perú, cuestionada por los seguidores de Castillo, y la autoproclamación en Bolivia, que derivó luego en una sentencia contra Áñez, causaron masivas movilizaciones y la respuesta de la fuerza pública con saldos trágicos.
En Bolivia, luego de la renuncia de Morales, la entonces senadora Áñez asumió, primero, la titularidad de la Cámara de Senadores, y, luego, la presidencia del Estado. Los hechos ocurrieron en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En Perú, el 7 de diciembre de 2022, Castillo dispuso la disolución del Congreso, la reforma de los otros órganos y optó por un “gobierno por decretos”. En respuesta, el Congreso lo destituyó y designó a la entonces vicepresidenta Boluarte como mandataria interina.
2. Masacre y ejecuciones extrajudiciales en Perú y Bolivia
El 2 de mayo, La Razón accedió al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis en Perú. El organismo consideró que la acción de las fuerzas del Estado sobre las protestas causó “masacre”. Al menos 57 personas murieron, la mayoría en “confrontaciones” y a bala.
Fueron “hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas”, dice el informe presentado oficialmente el miércoles.
Mientras que, en Bolivia, el 19 de diciembre de ese año, la CIDH calificó de “masacre” a la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en las protestas en Sacaba y Senkata, especialmente. En ambos hechos hubo al menos 20 fallecidos, todos por impacto de bala; también hubo muertes a bala en El Pedregal, en La Paz, y Betanzos, en Potosí. Dos personas murieron en enfrentamientos entre civiles en Montero, Santa Cruz.
El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de agosto de 2021, determinó “masacre y ejecuciones extrajudiciales” en Sacaba y Senkata.
3. Protocolos y normas a favor de la fuerza pública
En ambos casos, las Fuerzas Armadas y la Policía actuaron amparados en normas que permitían el uso de la fuerza ante las movilizaciones ciudadanas que exigían “respeto a la democracia”.
Áñez, en Bolivia, promulgó el Decreto Supremo 4078. En ella se eximía de responsabilidades penales a militares por el uso de la fuerza en el afán de controlar a los movilizados.
Y en Perú, El 14 de diciembre de 2022 fue adoptado el Decreto Supremo 143-2022-PCM; declaró estado de emergencia por 30 días a nivel nacional, suspendiendo los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de tránsito por el territorio nacional, a la libertad de reunión y a la libertad y seguridad personal.
Del mismo modo, se habilitó la intervención de la Policía Nacional del Perú en conjunto con las Fuerzas Armadas, dice el informe de la CIDH.
4. Informe de la CIDH en Perú y Bolivia
El miércoles, la CIDH emitió su informe sobre sobre al menos 57 muertes por violencia en las protestas en Perú. Supuso que en los hechos de violencia estatal hubo “masacre y ejecuciones extrajudiciales”.
El informe “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” fue expedido el 23 de abril reciente. Recogió informes y testimonios en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco; donde se concentraron las movilizaciones y la acción de agentes del Estado.
Lo mismo ocurrió en Bolivia en 2019, durante el gobierno Áñez. Al informe preliminar de la CIDH, que halló hechos que pueden considerarse masacres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019.
Dicho organismo creado por la CIDH corroboró que al menos en la represión violenta en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente, hubo uso desproporcionado de la fuerza pública que terminaron en masacres y, en algunos casos, ejecuciones extrajudiciales.
5. La negación
Cuestionadas por sus decisiones, Áñez y Boluarte negaron el uso de la violencia y justificaron la represión con la “defensa de la democracia” y, en el caso de la boliviana, “pacificación”.
Sin embargo, entro otros, ahora Áñez enfrenta un proceso en el caso denominado Senkata, por la supuesta comisión delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, que tienen una pena de hasta 30 años de prisión, precisamente en las jornadas de violencia de 2019.
Mientras que Boluarte declaró en marzo ante la fiscal Patricia Benavides, en el marco de las investigaciones de la represión en las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo.
