El Gobierno comenzó este martes con el pago de Bs 12,6 millones el resarcimiento a las víctimas de dictaduras militares del periodo comprendido entre 1964 y 1982.
“Se está procediendo al pago de los primeros dos grupos, un primer grupo que va a sumar alrededor de 6.500.000 bolivianos y un segundo grupo, 6.154.800 bolivianos”, dijo el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
Acuerdo
El 21 de agosto de la pasada gestión, el Gobierno y 1.174 familiares y víctimas de dictaduras militares firmaron un acuerdo nacional para una reparación integral, después de 10 años de haberse instalado carpas en El Prado, desde donde se exigía “justicia” para ese sector.
Siles señaló que mediante la Ley 1446 se modificó el inciso b del artículo 16 de la Ley 2640 del 11 de marzo de 2004, para proceder al pago de la reparación a este grupo.
“A la fecha han transcurrido casi 20 años y no se estaba pudiendo viabilizar el pago del 80 por ciento, correspondiente al 100 (por ciento) de la indemnización que se había generado para cada una de las víctimas y familiares de las víctimas”.
Reiteró que gracias a la Ley 1446, del julio de 2022, se facilitó ese pago, asignándose a través del Presupuesto General del Estado la suma aproximada de Bs 100 millones.
“Allá por 2004 se inició un pago, es cierto, pero ero solo del 20%. Ahora se está completando el 80% gracias a la modificación del artículo 16 de la Ley 2642 con la Ley 1446”.
Agregó que como Estado boliviano y como viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales creen firmemente en que las graves violaciones de derechos humanos deben dar lugar a “la reparación integral”.
Pedido
Esto debido a que organismos internacionales, como los comités de Naciones Unidas y recientemente el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exigieron que se cumpla con las víctimas de las dictaduras, no solo comprendidas entre 1964 y 1982. También se pide con las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.
“Históricamente Bolivia nunca tenía una política de reparación integral para graves violaciones de derechos humanos, políticas de las cuales se desprenderán acciones concretas, leyes, decretos, supremos y resoluciones”, añadió.
Mencionó que se está trabajando en un plan de implementación para las víctimas de las dictaduras y que el viernes se reunirán con este grupo y los representantes de cada una de las asociaciones.
