El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó este jueves que en las cárceles del país exista un hacinamiento de detenidos preventivos con un casi 70% y se haga uso excesivo y desmesurado de la detención preventiva por causa netamente investigativa.
“Existe un hacinamiento por la sobrepoblación de privados de libertad, con un casi 70% de detenidos preventivos. Esto implica que se hace uso de la detención preventiva en forma desmesurada y este no eso es un mecanismo del órgano judicial, sino también muchas veces tiene que ver con el imaginario social”, dijo Callisaya a Radio Fides.
Detenidos
En marzo, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó a La Razón que en las 40 cárceles de Bolivia se alberga una población de 25.000 privados de libertad, un 65% está con detención preventiva.
“Tenemos al momento 16.500 privados de libertad en detención preventiva de los 25.000, es un número alto, lo que representa el 65% más o menos a nivel nacional. Seguimos teniendo un número alto de detenidos preventivos”, dijo Limpias.
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Respecto a la situación de la presidenta transitoria Jeanine Áñez y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, Callisaya no quiso referirse en ambos casos si existe vulneración al debido proceso o exceso de detención preventiva.
En el caso de Áñez, el Defensor señaló que se están haciendo permanentes visitas y un acompañamiento para ver su salud y de su proceso. “Hay instancias legales que está activado para ver el tema de su procesamiento en sede ordinaria. Tienen que pronunciarse esas instancias judiciales para ver que orientación le van a dar, en tanto nosotros seguimos haciendo el acompañamiento”, dijo.
Respecto al caso del Purmari, Callisaya también indicó que se hizo las verificaciones a las visitas y a las condiciones de vivencia del exlíder cívico potosino. “No tenemos mayor connotación al respecto en términos de alguna normalidad o alguna situación que limite el ejercicio de sus derechos”.
Caso Áñez
Añez está recluida desde marzo de 2021. Primero fue detenida en la cárcel de Obrajes y luego, trasladada al penal de Miraflores. Cumple una sentencia en primera instancia de 10 años de cárcel, por el caso Golpe de Estado II. Según la Fiscalía, su proclamación fue irregular el 12 de noviembre de 2019, sin respetar el quórum de la Asamblea ni el reglamento del Senado.
Pumari está recluido con detención preventiva desde diciembre de 2021 en la cárcel de Cantumarca de Potosí, después de que la Fiscalía lo imputó por delitos electorales cometidos en la crisis de 2019. Incluso, se quemó el edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí.
