Una «élite reducida» provocó un daño económico de $us 1.800 millones a los ciudadanos de Santa Cruz, por las pérdidas derivadas del paro de 36 días del 2022 y los desvíos revelados por $us 600 millones del Banco Fassil hacia «empresas satélites», afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.
«Y resulta que es un ataque a Santa Cruz porque no les quieren, por supuesto que es una fachada discursiva», cuestionó en alusión al discurso de políticos de oposición y cívicos cruceños cuando pretenden minimizar la responsabilidad de los ejecutivos del intervenido Banco Fassil en su iliquidez y atacar las acciones de la Fiscalía para dar con los responsables.
La red televisiva DTV reveló el jueves un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que identifica a más de 50 empresarios cruceños que accedieron a «créditos vinculados» por Bs 4.000.000.000 del Banco Fassil, para luego desviarlos a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.
La entidad financiera fue intervenida y en sus bóvedas no encontraron «ni un peso». Los cerca de $us 600 millones que representan el desvío, «es plata que salió de los ahorristas», afirmó Richter en entrevista en Radio Kawsachun Coca.
«Todo lo que se ha estructurado desde el Banco Fassil fue capturar recursos y poderlos desviar. Un recurso que es de los ahorristas, que es de los particulares, que es del pueblo cruceño, que confío sus ahorros al Banco Fassil, pero fueron desviados a un conjunto de empresas privadas», aseveró.
Mientras los restantes $us 1.200 millones tienen que ver con las pérdidas generadas en el violento paro de 36 días de 2022, alentado por los grupos de poder del Comité Pro Santa Cruz y de la Gobernación de Santa Cruz en demanda de un censo en 2023.
Al final, los grupos de poder aceptaron lo que el gobierno les había propuesto en un principio, que una comisión técnica defina la fecha del censo. La fecha fue fijada para el 23 de marzo de 2024.
Los resultados permitirán la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y de escaños legislativos, como prevé la normativa vigente.
Frente a lo ocurrido en el intervenido Banco Fassil y las acciones desde la Fiscalía, «la defensa es que se quiere atacar a Santa Cruz. Esa es la defensa simple, cuando esto es mucho más complejo», observó.
Richter afirmó que empresarios cruceños buscan tergiversar el caso y transferir las responsabilidades al Gobierno, sosteniendo que hay una persecución política, para exonerar y liberar de responsabilidades a los directivos y supuestos accionistas.
