Ante las agresiones que sufrió la asambleísta Muriel Cruz y otras colegas de Santa Cruz, el Gobierno apunta a fortalecer la lucha contra el acoso y la violencia política en el país.
El Ministerio de Justicia instaló este miércoles la reunión del Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en situación de Acoso y Violencia Política. En este encuentro se asumió compromisos y determinaciones a fin de que estos hechos de violencia no vuelvan a ocurrir.
Este Mecanismo está integrado por representantes de los ministerios de Justicia y de Gobierno; del Viceministerio de Autonomías, del Órgano Electoral, del Ministerio Público. También participan la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana, organizaciones y autoridades nacionales y de las entidades autónomas.
El viernes, ante una convocatoria para la instalación de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) se apersonaron a la Gobernación de Santa Cruz. En el lugar se percataron que las puertas estaban cerradas, por lo que coordinaron con personal de seguridad para que les permitan ingresar por una puerta lateral.
En ese momento, una turba de personas procedió, de manera violenta, a agredir verbal y físicamente a los asambleístas. Ello provocó heridas graves y muy graves en algunas de las asambleístas, entre ellas Cruz, quien sufrió golpes que le provocaron 36 días de impedimento.
Entre las determinaciones y compromisos asumidos por este Mecanismo, en primera instancia, está identificar y aprehender a las mujeres que agredieron físicamente a Cruz, además de los autores intelectuales de estos hechos.
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También se pide reforzar el resguardo policial en instancias de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, con el objetivo de brindar las condiciones para el ingreso a las sesiones convocadas de los asambleístas departamentales.
Se estableció el compromiso de realizar con celeridad los actos investigativos en los procesos penales por acoso y violencia política, para lo cual se solicitó al Ministerio Público que coadyuve y remita hasta el 23 de julio la información de todos los casos para el seguimiento respectivo por parte del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
Estudios
Asimismo, se determinó la realización de un estudio de casos sobre la violencia política suscitada en Santa Cruz durante los últimos cinco años, lo que estará a cargo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, y cuyos resultados serán presentados por el Ministerio de Justicia en el plazo máximo de cuatro meses.
Otro de los compromisos es requerir información a instituciones públicas y la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz sobre el presente caso de Cruz y otros registrados, así como el avance y el cumplimiento de la Ley 243 y su reglamento, como el desarrollo de normativas sobre códigos de ética, entre otros.
De igual forma, la Policía realizará una investigación interna sobre los hechos denunciados contra sus efectivos en la intervención y atención en el caso de Cruz y otros asambleístas.
También las entidades que trabajan en violencia y acoso sexual deberán informar mensualmente a los miembros del Mecanismo sobre las acciones que se están desarrollando en esta temática.
Sobre las investigaciones de la agresión a Cruz hay 13 personas que fueron enviadas con detención preventiva al penal cruceño de Palmasola, por seis meses.
