Moisés Díaz, vocal de Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, indicó que la sentencia de 10 años de cárcel contra cuatros acusados por la quema y destrucción de ese recinto electoral en 2019, se constituye en un precedente y en una oportunidad para trabajar en la prevención de delitos electorales.
“A partir de los hechos acaecidos no solo en octubre de 2019, sino también en las elecciones subnacionales de marzo de 2021, corresponde trabajar desde el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático en la prevención de los delitos electorales”, indicó Díaz.
El 7 de junio, el Juzgado de Sentencia 1 de la capital Cobija sentenció a 10 años en la cárcel pública de Villa Busch a cuatro de los ocho acusados por los delitos de robo agravado, destrucción y deterioro de bienes del Estado y asociación delictuosa, por los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2019, tras las denuncias de fraude en las elecciones nacionales.
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Los condenados deberán también pagar las costas del proceso, daños y perjuicios emergentes averiguables en ejecución de sentencia. La lectura íntegra del fallo se dará el 19 de junio.
De los acusados, cuatro recibieron sentencia condenatoria, dos se acogieron al procedimiento abreviado y dos fueron declaradas rebeldes.
Díaz manifestó que quemar o destruir ánforas, actas electorales y obstaculizar cualquier proceso electoral no puede considerarse como un derecho del ciudadano, sino un delito electoral y esto deriva en una responsabilidad penal.
Agregó que estos actos ilícitos perjudican el desarrollo de las actividades de las instituciones, lo que impacta negativamente en la población.
Por la destrucción y quema del TED Pando se arrendó ambientes en un periodo de tres años y el Servicio de Registro Cívico (Serecí) todavía paga alquileres.
Proceso
El vocal departamental señaló que aún quedan tres procesos penales que están en curso sobre lo que sucedió en las elecciones subnacionales de 2021 en los municipios de Santa Rosa, El Sena y Nueva Esperanza, donde se quemó y destruyó material electoral, con la consecuente afectación al derecho político de los habitantes de los señalados municipios.
