El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó que el comienzo del juicio de responsabilidades contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) será el 18 de julio, por el caso denominado Petrocontratos.
Además del expresidente se procesará a los exministros de Hidrocarburos Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y el exviceministro Carlos Contreras del Solar.
La semana pasada, el exmandatario, tras 20 años de estar ausente en el escenario político nacional, reapareció a los 93 años. Propuso una nueva Constitución Política del Estado (CPE), en la que plantea el regreso de la República en vez del actual Estado Plurinacional. Además, que el presidente sea elegido por diputados y senadores.
Goni y los demás acusados están en la mira por los delitos de incumpliento de deberes y conducta antieconómica. Esto en la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron antes del aval del Legislativo.
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De los 106 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa, estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.
Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
Goni
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año. El 4 de mayo, el entonces fiscal general Pedro Gareca formuló el requerimiento acusatorio y posteriormente se requirió a la Suprema que pida la autorización para empezar los procesos.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.
