Tras la interpelación legislativa que censuró al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, su destitución quedó en manos del presidente Luis Arce, quien revisa la Constitución Política del Estado (CPE) y un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para tomar una decisión.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó este miércoles que el alejamiento del ministro es potestad de Arce. Emitió esa declaración tras la reunión del gabinete en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, que contó con Del Castillo.
“Existe la normativa, existe nuestra Constitución, ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional. Y se está haciendo una evaluación por parte del presidente Luis Arce, y ya tocará pronunciarnos al respecto; mientras, seguimos haciendo nuestro trabajo”.
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El martes en la noche, la Asamblea Legislativa le retiró la confianza a Del Castillo, por 101 votos, o sea más de dos tercios. El ministro había sido interpelado por el robo de vehículos en Chile y su comercialización en territorio boliviano.
Del Castillo
La votación contó con el apoyo de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos y el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al expresidente y jefe de ese partido político, Evo Morales.
El artículo 18 de la Constitución Política señala que la censura de un ministro deriva en su destitución, aunque no aclara si puede ser nuevamente nombrado en el cargo. Este hueco legal fue aprovechado por la presidenta transitoria Jeanine Áñez en 2020.
En marzo de ese año, la exsenadora opositora, hoy encarcelada en Miraflores, posesionó nuevamente al entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, luego de su censura por la mayoría del MAS en la Asamblea.
Ante ello, el MAS impulsó la norma “Ley que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, que determinaba que los ministros censurados no podían ser posesionados nuevamente ni ejercer cargos públicos en los siguientes tres años.
Sin embargo, en abril del presente año, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucionales los artículos 3.II y III, y 4 de la Ley 1350; por ello, los ministros que ya no tienen la confianza del Legislativo pueden ser restituidos en sus cargos tras su alejamiento.
