La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución del Senado, Patricia Arce (MAS), convocó este miércoles a sesión para el lunes, con el objetivo de aprobar un nuevo reglamento y convocatoria para la etapa de preselección de postulantes con miras a las elecciones judiciales.
El martes, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, advirtió sobre la necesidad de que hasta el 6 de julio se pueda relanzar la convocatoria para la preselección por parte de la Asamblea, para que se puede llegar hasta el 3 de enero de 2024 con la posesión de nuevas autoridades del Órgano Judicial.
“Una diputada ha presentado otra nueva convocatoria y nosotros estamos llamando a sesión para el lunes con el fin aprobar y remitir al pleno de la Asamblea, para que esta pueda aprobar y seguir los plazos correspondientes”.
Arce indicó que como comisión no pueden esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a que el recurso interpuesto se sorteó el 31 de mayo y la entidad tiene 45 días hábiles para pronunciarse si lo admite o no, plazo que se cumple el 2 de agosto.
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“No podemos esperar los 45 días, la ‘ley corta’ nos faculta ajustar los tiempos lo más posible”.
El presidente Luis Arce promulgó una “ley corta” que achica a 60 días el plazo para la preselección de postulantes a las judiciales, lo que concierne a la Asamblea, y a 100 días el plazo para la organización por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 28 de abril, la Asamblea suspendió de forma temporal el proceso de preselección debido a un fallo del Tribunal Constitucional. El diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso un recurso. El argumento es que el reglamento y la convocatoria se aprobaron mediante resolución del Legislativo y no así por ley.
Mientras que el 12 de abril, una decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en una acción de amparo constitucional, suspendió igualmente el proceso de preselección. La medida fue impulsada por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar, quien pidió anular el reglamento de preselección y la convocatoria.
Argumentó que el requisito de no haber expresado posturas políticas de manera pública vulnera la libertad de expresión. Ello fue retirado de la convocatoria, posteriormente.
