La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TCP) Dina Chuquimia instó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) considerar como “prioridad de Estado” los recursos contra la convocatoria a elecciones judiciales.
“Este recurso presentado ante el TCP debiera ser tratado como prioridad de Estado, siendo que las elecciones judiciales son un mandato constitucional”, dijo la autoridad electoral en el programa Piedra, Papel y Tinta.
El 12 de abril, cuando el proceso de registro de postulantes estaba en curso en la Asamblea Legislativa, las elecciones judiciales resultaron suspendidas. El ciudadano Miguel Ángel Balcázar objetó reglamento de preselección de postulantes; presentó un recurso en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Entonces, al denunciante cuestionó un requisito que luego subsanado por los losgisladores.
Semanas después, el 27 de abril, el TCP, a través de su Comisión de Admisión, suspendió nuevamente el proceso. Esta vez a instancias del diputado de Creemos Leonardo Ayala.
Tiempos del TCP para las judiciales
Según el Código Procesal Constitucional, el TCP tiene 45 días resolver un recurso. Hasta la fecha no se sabe del curso del trámite.
A la espera de ese fallo, y con el objetivo de ganar tiempo, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513, para garantizar los comicios judiciales de este año. La norma acorta los plazos y otorga a la Asamblea Legislativa 60 días para la preselección y selección de postulantes y al TSE, 60 días para el desarrollo de las mismas elecciones.
Chuquimia dijo que aún “hay un tiempo prudente”. Sin embargo, aclaró que “oficialmente, no hay un análisis y reflexión en sala plena respecto de este tema”.
Afirmó que, si se determina elecciones judiciales para el último domingo de octubre, habrá 118 días; y si se decide para el primer domingo de diciembre, habrá 125 días.
“Vamos a esperar, sin embargo, que haya un pronunciamiento oficial”, dijo la vocal.
El día de los comicios, los bolivianos elegirán 26 magistrados y consejeros titulares y suplentes del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Agrario, y del Consejo de Magistratura.
