Tras las afirmaciones de los expresidentes Carlos Mesa y Jeanine Áñez, sobre que en 2019 hubo un “autogolpe”, valiéndose en declaraciones de dos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó ese año hubo un golpe de Estado y una ruptura del orden constitucional.
“No se puede ocultar que aquí se tuvo 36 muertes y no se ha respetado la sucesión constitucional, la normativa vigente (y) a partir de esta autoproclamación (de Áñez) que no correspondía (…) se han emitido normativas (y) decretos, como el decreto de la muerte y violación a los derechos humanos”, dijo la autoridad gubernamental.
Los diputados del ala arcista Andrés Flores, jefe de bancada del MAS, y Deisy Choque señalaron que en la crisis poselectoral de 2019 el entonces presidente Evo Morales instruyó a la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad que pidan su renuncia.
Alcón remarcó que estas posiciones se tienen que evaluar, pero lo que no puede quedar en duda es que en el país existió una interrupción al orden constitucional y que a raíz de esos hechos se tuvo a las Fuerzas Armadas en las calles y reprimiendo al pueblo.
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“Quién va a responder por las 36 personas que hoy no están con su familia, tenemos más de 1.000 detenidos y perseguidos. Entonces esa es una fecha que no podemos olvidar, acá ocurrió un golpe de Estado y eso no está en duda. Han ocurrido violaciones a los derechos humanos y no se ha respetado la sucesión constitucional, entonces eso es lo que se está investigando”.
Agregó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demandó “memoria, verdad y justicia, y reparación”, por lo que a eso se debe apuntar.
Morales renunció el 10 de octubre de 2019, asediado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Dos días después, tras reuniones extralegislativas, asumió Áñez, quien ahora está en la cárcel de Miraflores. En el caso Golpe de Estado II fue sentenciada, en primera instancia, a 10 años de prisión. La Fiscalía la acusa de proclamarse presidenta transitoria sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.
