El juez de Sentencia Penal Javier Peñaranda concedió este miércoles una acción de libertad a Amparo Carvajal, quien se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB). Indicó que se vulneraron sus derechos y prohibió a Édgar Salazar realizar cualquier tipo de acto de hostigamiento y amedrentamiento.
“En consecuencia, se dispone que Édgar Salazar se inhiba de realizar estos actos de amedrentamientos evocados por el accionante, se prohíbe continuar este tipo de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra la indicada ciudadana (Carvajal), bajo advertencia de remitir antecedentes a la autoridad competente, es decir, al Ministerio Público por los delitos que cometa a partir de la fecha”, dijo Peñaranda.
El martes, luego de permanecer 40 días en vigilia en puertas de la sede de la APDHB, en la ciudad de La Paz, Carvajal de manera sorpresiva trepó por una escalera hasta la terraza y arengó que había “tomado” la institución.
En el lugar, hubo amagos de enfrentamiento entre efectivos policiales y un grupo de activistas y parlamentarios de oposición, quienes intentaron subir donde se encuentra Carvajal, indicando que quieren entregarle alimentos y frazadas.
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La mujer, desde la terraza de la sede, indicó pasado el mediodía de este miércoles que desde ese lugar defenderá los derechos humanos y se quedará “hasta morir”.
Carvajal y Salazar se atribuyen la representación de la APDHB. Salazar negó una toma y dijo que en junio hubo una “recuperación” de la sede, porque Carvajal ya no es presidenta.
Ricardo Rodríguez, defensa legal de Carvajal, denunció que la noche del martes personas afines a Salazar llegaron hasta las instalaciones de la APDHB con cánticos denigrantes y que el mismo Salazar instaló dos parlantes que tocaban música.
“Le afectaban a la señora Amparo y se ha pedido que cese. Nos han concedido la tutela”, remarcó.
Cuando la defensa solicitó al juez que se conmine a Salazar a que Carvajal utilice los servicios básicos, la autoridad respondió que Salazar debe inhibirse de “cualquier tipo de conducta” que amenace o ejerza violencia, e incluso atente contra el derecho de locomoción. “Tiene todo el derecho de utilizar”, señaló.
“Édgar no puede más prohibir a que pueda utilizar esos servicios que no son solo básicos, sino son derechos humanos que le corresponden a cada persona, no podemos prohibir”.
También el juez aprobó el ingreso a la sede de médicos y psicólogos cuando amerite su presencia.
La defensa señaló que Carvajal debe ser resguardada por Policía Boliviana y que las puertas de la APDHB permanecerán cerradas debido a que la autoridad judicial que conoció este caso no es competente para dilucidar los hechos concernientes al derecho de propiedad del inmueble de la APDHB.
La audiencia de acción de libertad se realizó de manera virtual. Carvajal participó desde la terraza de la institución en compañía de sus abogados. Uno de ellos tuvo que utilizar una escalera para estar con la mujer de 84 años.
