En medio del conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Roberto Quiroz, abogado experto en derechos humanos, negó la existencia de la figura de “presidencia vitalicia”, luego de que Amparo Carvajal se atribuyera ese título.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, explicó que el primer presidente de la APDHB fue Luis Siles Salinas, seguido del sacerdote Julio Tumiri y, finalmente, Iván Paz. “Eso nos muestra que no hay la presidencia vitalicia”, justificó.
La APDHB fue creada en 1976 al influjo de su similar de Argentina, en plena dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1978).
Quiroz informó que la figura de presidencia vitalicia no está establecida en el estatuto a menos que el grupo de Carvajal haya modificado la norma; sin embargo, esta disposición no tendría valor legal porque no fue aprobada.
Contó que, a sugerencia suya, Carvajal fue elegida como presidenta de la APDHB en 2016 con la esperanza de que aglutine al directorio (conformado por Waldo Albarracín, Sacha Llorenti y Sonia Brito, entre otros) que se encontraba en disputa por “intereses personales”.
No obstante, seis meses después, la mujer tomó partido y la institución nuevamente se dividió. Desde entonces Carvajal presidió la APDHB.
Ya en 2019, durante el conflicto poselectoral, Amparo demostró su apoyo abiertamente a la expresidenta Jeanine Añez, quien es acusada de romper el orden constitucional en los hechos que preceden el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
Además, mantuvo reuniones con miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quienes son acusados de cometer actos violatorios de los derechos humanos durante este periodo de conflicto. Incluso, en una reunión con ellos, en septiembre de 2021, los llamó “resistencia necesaria”.
De este modo, Carvajal fue apuntada y desacreditada por muchos sectores del país por esas acciones y, principalmente, por su silencio sobre las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).
El 2 de junio reciente, la facción de Édgar Salazar, elegido presidente de la APDHB en 2021, “tomó” las instalaciones. Como respuesta, Carvajal instaló una vigilia en puertas de la institución y el 12 de julio subió a la terraza con ayuda de una escalera y permaneció en la intemperie por siete noches.
Carvajal se atribuyó la presidencia “vitalicia” y Salazar respondió que esa figura es inexistente.
Esta acción desató conflictos y amagues de enfrentamiento en puertas de la APDHB entre policías y activistas que respaldan a Carvajal. Por su parte, el Gobierno dispuso un equipo médico para la señora.
Tras esta disputa por la presidencia, Quiroz señaló que Carvajal y Salazar “deben darse cuenta” de que la institución no se hizo para velar sus intereses personales, sino los de la población.
Pidió un congreso para que se pueda elegir a un nuevo directorio, a través de la intermediación del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y distintas organizaciones sociales que reflejen representatividad de la población en la institución.
Finalmente, el jurista acusó a Carvajal de participar en actos violarios en 2019 y apoyar el “golpe de Estado” de esa gestión. “No puede un violador de derechos humanos pretender ser militante de los derechos humanos”, cuestionó.
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