Para el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hay indicios de corrupción y vulneración de sistemas en la entrega de documentos de identidad al uruguayo Sebastián Marset, acusado de ser un “capo” del narcotráfico y que es buscado en todo el país.
Del Castillo exigió que todas las personas involucradas y también las autoridades que avalaron estos hechos sean aprehendidas.
El ministro apuntó al Servicio de Identificación Personal (Segip), a Migración y al Servicio de Registro Civil (Sereci) por vulnerar los sistemas para entregar identificaciones falsas a un mismo ciudadano.
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Alertó, además, que ninguna institución ni funcionario puede abrir o cerrar una oficina de estas instancias sin tener el aval del Ministerio de Gobierno. En 2019, cuando Marset obtuvo las identificaciones falsas, Carlos Romero era ministro de esa cartera.
MARSET
“Hay indicios de corrupción, vulneración de sistemas, no son errores voluntarios. Mínimamente las personas que emitieron el pasaporte, certificados de nacimiento, cédulas de identidad tienen que ser aprehendidas y presentar su declaración. Ya veremos si estos funcionarios lo hicieron por alguna instrucción superior o existió un direccionamiento desde arriba, hay que investigar. Hubo decisiones políticas en cuanto a la apertura (de esas oficinas) hay que ver cuántos pasaportes se imprimieron”, dijo Del Castillo en DTV.
El ministro se refiere a las oficinas del Segip y Migración que se abrieron en 2019 en Montero, donde justamente Marset obtuvo los documentos de identificación que requería. Según la autoridad, esos ambientes fueron cerrados unos meses después, sin mayores explicaciones.
“Hay personas responsables y nunca se investigó. Las gestiones anteriores a la nuestra y a la de Arturo Murillo tienen gente involucrada. Había facilitad para obtener doble o triple identidad”, cuestionó.
Se preguntó cómo es posible que se haya priorizado la apertura de esas oficinas en un municipio como Montero, en Santa Cruz, cuando había ciudades como Sucre que requerían esos servicios.
Reiteró su pedido de que las personas involucradas sean aprehendidas para explicar lo que pasó en Montero.
“No se abre ni una oficina si no tiene el visto bueno del ministro de Gobierno. Por tanto, un funcionario de manera discrecional no puede abrir y cerrar oficinas”.
El uruguayo Marset Cabrera es buscado en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Está acusado de transportar en varias ocasiones 16 toneladas de cocaína hacia Europa. Es conocido como una “capo” del narcotráfico y señalado de crear el Primer Cartel de Uruguay (PCU).
