La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó no otorgar las medidas cautelares al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y dio por cerrado el expediente de la solicitud presentada por legisladores de la alianza opositora Creemos.
“Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares y cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento” (sic), señala parte del documento que fue remitido al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.
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En diciembre de 2022, la bancada de senadores y diputados de la alianza policía de Camacho presentó ante la CIDH una solicitud de medidas para el gobernador. En su petición indica que conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH se adopten las medidas cautelares necesarias para preservar los derechos a la vida, seguridad e integridad de la autoridad departamental, con detención preventiva en el penal paceño de Chonchocoro.
“Esta decisión en todo caso no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables. Igualmente, la Comisión podrá volver a examinar otra solicitud de medidas cautelares, de presentarse hechos nuevos, sin perjuicio de los demás mecanismos de monitoreo de los que dispone conforme a sus atribuciones”, señala la CIDH.
Solicitud
También la CIDH solicita al Estado de Bolivia continuar brindado la atención y facilidades médicas para precautelar la salud del gobernador cruceño.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre y se encuentra con detención en el proceso denominado Golpe de Estado I, sobre el derrocamiento del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, asediado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
