A pesar de la premura, la Asamblea Legislativa se ha dado el tiempo necesario para comenzar a considerar la ley que garantice elecciones judiciales este año. Sin embargo, hay señales de cesión de las posiciones encontradas sobre la ley de convocatoria.
Así lo hizo saber en La Razón Radio la senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame, miembro de la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores.
Integrada además por los senadores Patricia Arce y Miguel Rejas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dicha comisión camaral aprobó el proyecto de ley presentado por el legislador Hilarión Mamani (MAS) y luego lo compartió con legisladores de las bancadas de CC, MAS y Creemos.
Salame dijo que, luego de algunos ajustes que incluso incorporaron propuestas del diputado Carlos Alarcón, el proyecto de ley está “bien estructurado” y fue incluido en la agenda de la Cámara de Senadores, que el martes 8 de agosto comenzará a discutirlo. “No ha de dar mayores problemas, quizás se puedan mejorar algunos aspectos”, afirmó.
Proyecto
“CC, en su integridad, aprobó ese proyecto”, insistió Salame.
Según explicó, el MAS cedió posición en relación a su objeción a la participación externa en la calificación de méritos de los postulantes, al considerar que se trataba de delegar competencias. Y se trata de un primer acuerdo que garantiza transparencia.
“Hemos logrado que tengamos un equipo, como lo habíamos pensado con el doctor Alarcón; de alto nivel de asesoramiento, no de acompañamiento, como decía el anterior proyecto”, dijo la senadora respecto del segundo acuerdo.
Ese equipo de asesoramiento legislativo externo —según dijo Salame— estará conformado por dos delegados de cada una de las universidades públicas del país, dos de la asociación de universidades privadas, dos de los colegios de abogados, dos de las asociaciones de la prensa y otros los movimientos sociales.
Esa tarea no implicará la delegación de la competencia legislativa, aclaró la senadora. “Ser asesor es mucho más importante que acompañar”, explicó.
Elecciones judiciales
La propuesta de Alarcón era el establecimiento de jurados departamentales de mérito, cuya tarea independiente debía ser calificar a los postulantes para su validación en la Asamblea Legislativa.
Tercero, se invitará, a través de la Cancillería, a veedores de organismos internacionales en la preselección de postulantes. “Así se garantiza la preselección con parámetros de jueces en todo el mundo”, justificó Salame.
Ayer, el diputado Alarcón y su colega Enrique Urquidi presentaron un segundo proyecto que propone “veedores nacionales” que cumplirá tareas de verificación del proceso de preselección; luego emitirá su informe de observaciones. En el caso de los “veedores internacionales”, plantea el acompañamiento del relator de la Organización de las Naciones Unidas para el área; además, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cuestionada Salame, por ejemplo, sobre la parcialidad de las organizaciones de la prensa, su respuesta fue contundente: “Si ustedes tienen un organismo que no sea idóneo, no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa”.
Contó que similares cuestionamientos hubo sobre los colegios de abogados, de los que se dijo que están cooptados por el MAS, como de la “mayoría” de las universidades públicas. “No podemos decir: ‘ustedes manden a la virgen María’”, ironizó la senadora.
Otro punto de desencuentro era la eventual repostulación de los magistrados y consejeros actuales. Salame dijo que el acuerdo es que “se está incluyendo que los actuales magistrados no pueden postularse al mismo cargo”.
“Mi criterio es: no pueden postularse”. Sin embargo, afirmó que “se trataba de viabilizar” la ley.
Avance
Hay buen avance y el MAS tuvo un desprendimiento al ceder en su posición inicial, destacó Salame, aunque expresó reparos sobre la aprobación del proyecto. “No sé si está garantizada; lo que falta es voluntad política”, dijo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) planteó plazos fatales; 4 de septiembre para contar con la lista de 96 postulantes expedida por la Asamblea Legislativa para garantizar elecciones judiciales el domingo 3 de diciembre.
El proyecto de Alarcón, validado por el mismo Carlos Mesa, plantea un calendario apretado para cumplir con el TSE: ley promulgada el 11 de agosto.
