El Movimiento al Socialismo (MAS), Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) conformaron una comisión para la elaboración de un proyecto de ley único con el fin de reencaminar las elecciones judiciales. Se prevé que la ley sea sancionada el viernes.
Se trata del primer acuerdo político surgido de la reunión que propició ayer el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, ante la premura de los comicios cuya fecha tentativa es 3 de diciembre, a sugerencia y predisposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Serán 24 o 48 horas lo que por lo menos estamos asumiendo (para el proyecto); la responsabilidas es que se pueda sancionar hasta el viernes”, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, al salir de la reunión en la Vicepresidencia.
Recordó que existe dos propuestas (una del MAS y otra de CC) y consideró la necesidad de fusionarlas. La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó la propuesta del legislador Hilarión Mamani y, el viernes, los diputados de CC Carlos Alarcón y Enrique Urquidi presentaron un segundo proyecto.
Ambos proyectos quedaron aplazados a la espera de una definición de la comisión técnica slobre uno único que se puesto a consideración de los legisladores.
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Judiciales
Además, Rodríguez anunció una reunión con el TSE, que garantizó elecciones el domingo 3 de diciembre siempre y cuando la Asamblea Legislativa le haga llagar la lista de 96 postulantes hasta el lunes 4 septiembre.
Vamos a ver “hasta dónde se puede flexibilizar y ver que los tiempos nos den; la comisión técnica nos dará las mejores luces”, complementó el titular de Diputados, Jerges Mercado, que también fue parte de la reunión.
“Vamos a tener unas nuevas autoridades judiciales como manda la Constitución”, aseguró.
Consultado sobre el consenso político, Rodríguez dijo que hay “predisposición” en la oposición. “CC y Creemos están de acuerdo (con) que se lleve elecciones totalmente transparentes entre las tres fuerzas políticas”, afirmó.
Por su parte, la jefa de bancada de Senadores de CC, Andrea Barrientos, consideró que los 96 candidatos preseleccionados no deben responder a ninguna de las tres fuerzas políticas y que, al contrario, “se trata de elegir a los hombres y mujeres idóneos”.
“Estamos esperando que se pueda hacer una construcción conjunta, pero sin manipulaciones políticas”, advirtió antes de ingresar a la reunión.
El diputado de Creemos Leonardo Ayala —quien presentó la acción abstracta de inconstitucionalidad de la convocatoria y el reglamento que anuló el proceso— apuesta por el consenso entre oficialismo y oposición.
“Tenemos que construir un consenso que garantice el proceso”, dijo en su corta declaración a la prensa previa a la reunión.
La Constitución Política del Estado establece seis años de mandato de magistrados y consejeros elegidos por voto popular. Ese lapso termina el 2 de enero de 2024.
Tanto oficialismo como la oposición advirtieron la necesidad de “garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional”.
Dato
Hace más de una semana, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió la acción de Ayala, que había sido admitida el 27 de abril. Se dio el plazo procedimental necesario para finalmente anular el proceso.
Según el fallo, la Asamblea Legislativa está obligada a reencaminar el proceso con dos tercios.
En estas terceras elecciones judiciales serán elegidos 23 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional, y tres consejeros, también titulares y suplentes, de la Magistratura.
(09/08/2023)
