El presidente Luis Arce dejó en manos de la Asamblea Legislativa la solución de la crisis política que impide reencaminar las elecciones judiciales luego del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló el proceso.
El mandatario se reunió con periodistas de varios medios de comunicación en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, y sus declaraciones emergieron de una pregunta: “¿desde el Gobierno se ha analizado una salida constitucional, considerando que la Asamblea Legislativa no pude aprobar una normativa para la preselección de las elecciones judiciales?”
“Esperamos que ellos puedan encontrar una solución y una salida al mandato constitucional allá (en el Órgano Legislativo); tienen la tarea de poder resolver y poder avanzar”, respondió el presidente.
“Ojalá que se pueda dar viabilidad a este tema y que se resuelva de una vez”, agregó.
Exactamente hace un mes, el 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 60/2023; con ella anuló la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513, y dejó en fojas cero el proceso.
El documento manda también a que todas las decisiones en torno a ese proceso se aprueben con los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa.
De ahí emerge la necesidad de “consenso” entre las fuerzas políticas.
Justicia y judiciales
No obstante, el mandatario reafirmó su posición en torno a las elecciones judiciales y la justicia como tal.
“Todos sabemos que eso no resuelve el problema que preocupa a la población o que está lidiando día a día, ventilando sus juicios en diferentes juzgados; eso no resuelve y nosotros creemos que ahí deberíamos apuntar para tener algo mucho más práctico en ese tema”, dijo.
Entretanto, los tiempos exigidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) corren. Pidió conocer la lista de los postulantes preseleccionados hasta el 4 de septiembre, para realizar los comicios el domingo 3 de diciembre de este año.
En estas terceras elecciones judiciales serán elegidos 23 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional; además de tres consejeros, también titulares y suplentes, de la Magistratura.
