El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón informó que las tres bancadas de la Cámara de Diputados discutirán el martes en una reunión la ley de elecciones judiciales aprobada el jueves Senadores.
En entrevista con La Razón Radio, el legislador admitió que la aprobación de la ley en Diputados será más compleja debido a las divergencias en el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
Se trata del proyecto de Ley 144, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, propuesto por el senador del MAS Hilarión Mamani y complementado con las propuestas de CC, especialmente.
La norma contiene 37 artículos y ocho disposiciones transitorias y finales. Alarcón dijo que muchos de esos artículos fueron aprobados no solamente con dos tercios de voto, sino por unanimidad.
Según explicó, la ley prevé elecciones judiciales hasta el 15 de enero de 2024. y posesión de las nuevas autoridades, a mediados de febrero. Es decir, no habrá elecciones este año.
El 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó sin efecto la convocatoria y el reglamento de elecciones con las que se llevaba adelante el proceso. Argumentó que para el tipo de evento se requería de una ley.
Además, por “conexitud”, abrogó la Ley 1513, que respaldaba las elecciones para este año.
Al contrario, el TCP exigió la aprobación de todos los procedimientos en la Asamblea Legislativa con dos tercios de voto.
La sentencia se conoció el último día dentro de los 45 días de plazo que establece el Código Procesal Constitucional. De este modo, los plazos se redujeron y, en criterio de Alarcón, el fallo del TCP fue demorado premeditadamente y dejó “tiempos imposibles” para el proceso.
Además, denunció al Gobierno por sabotear las judiciales y aseguró que el TCP no requería los 45 días para anular el reglamento y convocatoria.
“Nosotros creemos que es un esquema organizado por parte del Gobierno con el objetivo de que los magistrados y consejeros se queden en sus cargos”, denunció el legislador.
Al ser consultado sobre la posibilidad de presentarse una acción abstracta de constitucionalidad contra la ley en consideración, el diputado dijo que el Gobierno buscará “testaferros” para presentar demandas e impugnaciones contra la ley para reencaminar las judiciales.
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