Miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) negaron presuntos afanes de un “golpe de Estado” desde la Asamblea Legislativa contra el gobierno del presidente Luis Arce.
Precisamente, el mandatario fustigó en Chile, donde se recordó 50 años del golpe de Augusto Pinochet, las “modernas formas de golpe de Estado”. Dijo que una ellas es, ahora, un golpe desde las asambleas legislativas o el parlamento. Condenó “cualquier actitud en contra de la democracia”.
En ese acto, en el Palacio La Moneda, en Santiago, afirmó que Bolivia está comprometida con las iniciativas que fortalezcan los lazos entre los pueblos de la región y la democracia.
El expresidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani fue el primero en criticar esa afirmación. “Se ha venido advirtiendo que es un grupo (de legisladores) que quiere dar un golpe de Estado. (Pero) queremos afirmar al pueblo boliviano: Nosotros nunca vamos a ser los que van a dar golpe de Estado, absolutamente”.
Asamblea Legislativa
Mamani protestó así en medio de una rueda de prensa improvisada en el edificio de la Asamblea Legislativa, aunque su principal objetivo era comunicar sobre el cuarto intermedio en la huelga que exige la aprobación de la ley de elecciones judiciales.
Por otra parte, la concejala por el MAS en El Alto Wilma Alanoca, que instaló un piquete en apoyo a sus compañeros de la Cámara de Diputados junto con su colega Fabiola Furuya, dijo que el “golpe” es el nuevo discurso narrativo que maneja el Gobierno.
“Esa es una narrativa canalla, cobarde y mentirosa. Lo que queremos es que se hagan las elecciones judiciales, como manda la Constitución Política del Estado. No hay ningún golpe al (Órgano Legislativo).
Los diputados que cumplieron ocho días de huelga decidieron dar una pausa a su protesta y declararon un cuarto intermedio; esperarán que el titular de Diputados, Jerges Mercado, convoque a una sesión para el debate de la ley de elecciones judiciales.
Precisamente, Mercado afirmó el martes que sus colegas tienen “intereses políticos” para llevar adelante su protesta y presionar para que las judiciales se realicen “a cualquier costa”.
La ley aprobada el 31 de agosto en la Cámara de Senadores se encuentra en consulta ante los órganos Ejecutivo y Legislativo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
