Desde 2015, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) se incautó de más cocaína en el departamento de Santa Cruz y marihuana en Cochabamba, según reporte oficial.
La Razón analizó los datos publicados en la misma página web de la FELCN, que reflejan interesantes conclusiones para el país.
Hasta el 31 de agosto de este año, las tareas de identificación de áreas en las que se procesan cocaína y marihuana mostraron que el departamento de Santa Cruz lidera la lista de cocaína incautada por las fuerzas antidroga.
Le siguen los departamentos de Cochabamba, Beni, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Pando y, en menor porcentaje, Chuquisaca.
MARIHUANA.
La FELCN se incautó de una mayor cantidad de marihuana en operativos realizados en el departamento de Cochabamba, al que le siguen Santa cruz, La Paz, Beni, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija y Pando.
Desde 2015 fueron secuestradas 157,6 toneladas (t) de cocaína. Sin embargo, las cifras se incrementaron entre 2021 y 2022, gestiones en las que se secuestraron 19,7 t y 20,3 t, respectivamente.
Entretanto, la cantidad de marihuana que la FELCN se incautó en el mismo periodo alcanzó a las 1.842,8 toneladas.
Un dato relevante es que, pese a no haber concluido la gestión, en 2023 se comisaron 334,3 toneladas de ese producto ilícito. Otro hecho que llama la atención es que en 2020, en plena restricción sanitaria por la irrupción del COVID- 19, que llegó al país el 10 de marzo de 2020, fueron decomisadas 464,2 toneladas
Entre los operativos de 2015 a 2023 también se identificaron y destruyeron 390 laboratorios de cristalización de cocaína; 377 de reciclaje y 16.324 fábricas.
El control sobre el exceso de producción de la hoja de coca es otra de las tareas que cumple esa unidad policial que, entre el 1 de enero y 14 de septiembre de este año, se incautó de 264, 17 toneladas en 7.333 operativos, a escala nacional. Así lo informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en una conferencia de prensa en Santa Cruz, el viernes.
“Se ha secuestrado 38 aeronaves. (Además) se ha realizado la destrucción de 54 pistas (de aterrizaje) clandestinas. Con este trabajo que se viene ejecutando se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en $us 70,6 millones”, explicó el funcionario.
Este medio intentó obtener detalles de la lucha contra el narcotráfico, pero no tuvo respuesta de la cartera correspondiente.
El 28 de agosto, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó un “mapa georreferenciado” de los operativos de destrucción de laboratorios y señaló buena parte de los laboratorios de cristalización de cocaína que “ingresa a Bolivia” se encuentran instalados en el Chapare, en el departamento de Cochabamba.
“Un 80% a 90% de los laboratorios, de las fábricas destruidas por la FELCN se encuentran en la provincia Chapare”, afirmó.
Además, consideró que la quema de megafábricas de droga en el Chapare “molesta” a exautoridades del Estado y a organizaciones sociales regionales.
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Explicó que entre 2018 y 2023 fueron destruidas 1.804 megafábricas de droga, la mayoría en esa región de Trópico cochabambino.
La autoridad hizo esas declaraciones en medio de un quiebre político en el partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en el que el presidente Luis Arce y el exmandatario y líder de esa fuerza, Evo Morales, vieron fracturada su relación.
Esa división llegó a la representación en la Asamblea Legislativa, donde hay dos facciones.
El Chapare es la región “fuerte” del apoyo del expresidente Morales, quien además es líder de las Seis Federaciones del Trópico.
En más de una ocasión, Morales acusó a Del Castillo de “proteger al narcotráfico”, incluso vinculó al Gobierno con hechos relacionados con el tráfico de drogas. Por ejemplo, un envío de 478 kilos de droga hacia España, cuyo vuelo salió de Santa Cruz; y el más reciente, que tiene que ver con el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset, buscado por la Policía desde el 29 de julio.
Ese caso sacudió a las autoridades policiales y al mismo Gobierno. Luego de escapar de un megaoperativo policial —en el que participaron 2.250 efectivos— junto con su esposa y sus tres hijos, Marset se convirtió en el hombre más buscado por las autoridades, pero además otros países, como Brasil, Paraguay y Uruguay, quieren dar con su paradero.
A 48 días de las investigaciones, solo se conocen números.
Las autoridades policiales, junto con la Fiscalía, realizaron 117 allanamientos, se incautaron 32 inmuebles, nueve avionetas, 84 vehículos y fueron aprehendidas 38 personas, entre ellas cuatro del entorno del uruguayo.
En su informe del 6 de agosto, en Sucre, el presidente Arce planteó la necesidad de regionalizar la lucha contra el narcotráfico.
Bolivia perdió recursos y capacitación
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia está mal enfocada. Cuando el Estado cortó la relación con organismos internacionales que coadyuvan en la lucha contra el narcotráfico, Bolivia quedó, primero, sin recursos, pero también sin capacitación para encarar la lucha contra ese ilícito.
En su política de lucha contra las drogas, las autoridades nacionales no realizan acuerdos serios y que cumplan los compromisos con órganos internacionales que se dedican a esta tarea, o con otros Estados para luchar contra el narcotráfico.
Al menos cinco organizaciones criminales manejan en Bolivia la producción, comercialización y hasta la exportación de droga. Están estratégicamente ubicadas en el Chapare, en Cochabamba, y en parte de la Amazonía, del departamento de Beni.
Esas organizaciones no permiten que ingresen la Policía y tienen el control de todo el territorio, porque, además, también al sicariato.
El Estado, al llevar una lucha tan difícil y complicada, cuando ya vemos que el narcotráfico sigue creciendo, se hace más difícil. El Estado boliviano tiene que aceptar el apoyo internacional para que realice una lucha de alto riesgo con más eficacia.
Jorge Santiesteban es coronel de Ejército en servicio pasivo
