La Asamblea Legislativa se encuentra inmovilizada por la crisis política y la intervención de otros órganos del Estado, que frenan sus tareas de legislación. El rechazo de una ley, que tendrá que ser considerada en la siguiente legislatura, decantó la situación.
El jueves, luego un bochorno frontal entre los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui (considerado arcista) y Patricio Mendoza (evista), la mayoría rechazó la Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes, propuesta por el Órgano Ejecutivo.
“No hay razones jurídicas para rechazar este proyecto de ley (…). Evo (Morales) y (Carlos) Mesa han propiciado que se rechace este proyecto de ley. Ya no va a poder ser tratado en esta legislatura (2022-2023)”, protestó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, en referencia a la decisión contraria del ala evista del MAS) y Comunidad Ciudadana (CC).
Se trata de la tercera norma que fracasa en la Asamblea Legislativa, sea por incidencia de la crisis interna de las tres fuerzas políticas, las disputas interpartidarias o la acción de órganos como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyas decisiones han sido determinantes en dos asuntos cruciales: elecciones judiciales y ley de regulación de las interpelaciones a los ministros.
La primera de ellas puso en vilo las aún inciertas elecciones judiciales. El 31 de julio, en respuesta a una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada el 25 de abril, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0060/2023 con la que puso en fojas cero la convocatoria, el reglamento y, por “conexitud”, la Ley 1513 de elecciones judiciales.
Luego del fracaso de la comisión técnica, que debía proponer un proyecto de ley único, la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto la ley transitoria de elecciones judiciales, que fija comicios para mediados de enero de 2024, establece la suspensión de plazos procesales y declara vacancia de las autoridades electas.
La Cámara de Diputados frenó la sanción de la ley y el 6 de septiembre la derivó a consulta ante tres tribunales, tres ministerios y el Consejo de la Magistratura. “La ley no pasará” había dicho a La Razón el diputado de CC Marcelos Pedrazas y “tiene varias inconsistencias”, y fue “improvisada”, afirmó Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución.
Tribunal Constitucional Plurinacional
Y el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la ley, sin embargo, consultó la semana pasada su constitucionalidad ante el TCP.
A través de la Sentencia Constitucional 0020/2023, el TCP declaró inconstitucional parte de la Ley 1350, del 16 de septiembre de 2020, sobre interpelación y censura de ministros, y exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar una norma para regular la acción.
Es que la ley impedía el ejercicio de la función pública por tres años a un ministro destituido luego de la censura legislativa.
Ante la ola de interpelaciones legislativas, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, interpuso un amparo ante la Sala Constitucional Primera de La Paz, que suspendió actos interpelatorios a favor de ocho ministros.
En tanto, Diputados rechazó la aprobación de la ley de la materia.
Tres leyes cruciales fracasan por divergencias en la asamblea legislativa
TCP anula convocatoria y pone en vilo los comicios
A instancias del diputado de CC Leonardo Ayala, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0060/2023, que anuló proceso de las elecciones judiciales y demandó de la Asamblea Legislativa la aprobación de procedimientos y normas relativos con dos tercios de votos. El recurso fue resuelto tres meses después de su presentación y paralizó el proceso como medida cautelar.
Debido a los plazos cortos que obligó el fallo tardío, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desahució comicios para este año y la Cámara de Diputados frenó la ley aprobada en Senadores ante las dudas de constitucionalidad.
La ley que regula las interpelaciones espera
Si bien, a través de su sentencia del 5 de abril, el TCP exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley de regulación de interpelaciones y censura de ministros, la Cámara de Diputados frenó el miércoles la consideración de un proyecto concertado entre las fuerzas oficialismo y oposición.
Mientras, el TCP, ante la consulta del Órgano Ejecutivo sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 350, el 21 de abril, paralizó la consideración de cualquier norma al respecto, según informó el jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado. La ley debe esperar aún.
La ley postergada para la próxima legislatura
El 13 de mayo, al influjo del escándalo del cura pederasta Alfonso Pedrajas (+), la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció el proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes. Por más de cuatro meses, la iniciativa sufrió percances en su consideración en la Asamblea Legislativa. El jueves, la mayoría de la Cámara de Diputados rechazó la ley.
El ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó la decisión y advirtió que, por procedimiento, la norma no podrá ser considerada sino en el próximo periodo legislativo.
