La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado de Bolivia y, en especial, a la Asamblea Legislativa garantizar elecciones judiciales.
Urge “adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”, según un comunicado.
Según la Constitución de Bolivia, “la elección de altas autoridades del sistema de justicia está basada en el sufragio universal. Conforme al cronograma establecido, ésta debe llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024”, afirma.
Ese documento exige, además, la atención “prioritaria” del proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Senadores en 31 de agosto, ahora “estancado” en Diputados.
Una vez derivada a la Cámara Baja, la Comisión de Constitución remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.
“La CIDH observa que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”, recuerda el documento.
Por su parte el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, aseguró que el contenido de la propuesta de norma para la judiciales tiene al menos cinco “inconsistencias”.
Entre las más importantes, observó que el documento tiene que ver con la vacancia, que surge de la votación en los comicios luego del fin de gestión de los magistrados, el 2 de enero de 2024.
Eso, tomando en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) requiere de al menos 90 días para organizar los comicios desde la recepción de la lista de 96 postulantes preseleccionados, hasta la entrega final de resultados.
Elecciones judiciales
Otra de las observaciones del legislador oficialista es el presupuesto para el proceso.
Por otro lado, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame reconoció que la Asamblea Legislativa incurrió en incumplimiento de deberes al no haber logrado que las elecciones judiciales se desarrollen en este año.
Salame atribuyó el retraso de la sanción de la ley para esos comicios al quiebre interno del Movimiento Al Socialismo (MAS) entre los seguidores del presidente Luis Arce y el titular de esa fuerza, Evo Morales.
“Es lamentable que nosotros, como Asamblea Legislativa, no hayamos cumplido la función más importante que teníamos de la legislatura 2025 (las judiciales). Es algo que indudablemente va a ameritar un juicio de por el cumplimiento de deberes. No solamente es (en la Cámara de) Diputados, sino también en (la de) Senadores”, dijo la legisladora en una entrevista con La Razón Radio.
