La tarde de este martes debió comenzar la audiencia de juicio oral contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quienes comparecerán por tres causas que se remontan a los conflictos de 2019 y 2020. Fue suspendido hasta el 20 de noviembre.
Los acusados son Yasir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán. Familiares y amigos rodearon el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para apoyar a los procesados.
Los denunciantes de las tres causas, sumadas en un sola, son el exalcalde José María Leyes, el exdefensor del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles, según el medio Opinión.
Milena Soto, una de las acusadas, informó este martes que ya son dos años de investigaciones y de detención por estos procesos, por lo que pidió se solucione de una vez.
En abril, la Justicia de Chuquisaca sentenció a seis años de prisión en un penal de aquel departamento a Molina y los hermanos Bascopé, por el ataque a la Fiscalía General del Estado en 2020, en Sucre.
“Han sido declarados culpables y autores de los delitos de (primero) atentados, porte y portación de armas de fuego, municiones y explosivos; (segundo) perturbación de funciones públicas; y (tercero) daño calificado”, detalló el juez Tercero de Sentencia Penal de Sucre, José Emilio Pinto. En tanto, Soto salió absuelta de este proceso, pero la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo.
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De acuerdo con Soto, al menos son nueve delitos por los que son acusados, entre ellos: delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones, graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas. Señaló desconocer el pedido de pena de la Fiscalía, pero que está alrededor de los 20 años, dato que señaló el Ministerio Público hace un año atrás. “A la fecha no se han pronunciado en un ‘quantum’ de la pena que nos quieren dar”.
“Todo este tiempo hemos estado recabando las pruebas necesarias. Esto referente a la documental y de testigos. Hemos logrado presentar toda la prueba que tenemos, suficiente para que todas las cosas se resuelvan a nuestro favor”, dijo en contacto con los medios.
Según los antecedentes, un grupo de la RJC recorría la ciudad de Cochabamba en motocicletas agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al Movimiento Al Socialismo o, simplemente, por vestir pollera.
En noviembre pasado, Yassir Molina, uno de los líderes de RJC, anunció que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”. El anunció lo formuló en el marco de su solicitud de someterse a un proceso abreviado por los hechos de violencia en puertas de la Fiscalía General del Estado en 2020.
Surgimiento
Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como grupo de choque en Cochabamba. Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia de Evo Morales, por un supuesto fraude electoral.
Los medios de comunicación reflejaron cómo la RJC arremetía con puñetes y patadas contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez. También agredieron físicamente y humillaron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS.
El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo armado del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales.
