La toma ilegal de tierras prolifera. Cientos de personas son víctimas de organizaciones criminales que, ayudadas por consorcios de jueces, fiscales, policías, exfuncionarios de Derechos Reales, INRA, alcaldías, entre otras, se apropian de propiedades privadas y públicas.
Son cerca de 22 denuncias por mes que recibe el Gobierno por avasallamiento de tierras, según un informe de 2022 emitido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó este viernes que se identificaron a “organizaciones criminales” que se dedican a este ilícito y las ciudades más afectadas son El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
“Estas tomas se dan en contra de la propiedad privada pero también contra la propiedad pública. No hay respeto al derecho propietario y se está cometiendo el delito de avasallamiento ayudado por notarios, abogados, jueces, fiscales, policías y exfuncionarios públicos. Hay organizaciones criminales en este delito”, dijo Silva en entrevista en La Razón radio.
CUMBRE DE JUSTICIA
Esta problemática, abordada el jueves en una sesión de la Cumbre de Justicia, decidió crear dos subcomisiones: una para tratar de forma específica el problema de avasallamientos y otra sobre delitos sexuales.
Silva señaló que, de acuerdo con las investigaciones sobre este tema, se evidenció que, por ejemplo, un predio en disputa tenía 19 dueños, todos con derecho propietario y folio real.
También se hallaron planimetrías falsas con sellos y firmas falsificados de notarios que “supuestamente” otorgaron escrituras públicas falsas y con una serie de irregularidades.
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Para hacer frente al ilícito, el viceministro sostuvo que una subcomisión se encargará de elaborar medidas de a corto, mediano y largo plazo para hacer frente a esta situación que afecta a miles de personas”.
“La comisión definirá otras medidas que sean necesarias tomar, sin descartar una normativa que nos permita tener respaldo legal para tratar estos avasallamientos. Tenemos una ley, pero se deben tomar otras medidas para proteger los derechos de la población”, dijo la autoridad.
INRA
Acotó que se investiga a funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) involucrados en los avasallamientos, ya que existen documentos saneados por esta institución.
“Son temas que se tienen que investigar y sancionar a aquellos funcionarios públicos que se están sirviendo de una institución, ya sea el INRA, Derechos Reales, juzgados, fiscalía, policía”, advirtió Silva.
Este ilícito se convirtió en un negocio de millones de dólares, según el viceministro, en el que incluso se apunta a exdiputados y exsenadores que se dedicaron al tráfico de tierras.
Otras denuncias que recibió el Ministerio de Justicia es que los avasalladores reclutan a jóvenes, los preparan físicamente en gimnasios y les pagan entre Bs 100 y Bs 200 para arremeter contra los dueños de propiedades.
“Hay videos donde, sin contemplación, atacan, golpean a niños, mujeres, adultos mayores. No tienen contemplaciones para cometer delitos”, enfatizó la autoridad.
El último hecho de avasallamiento ocurrió esta semana en El Alto. Allí, grupos armados con piedras y palos atacaron a vecinos de la zona Mercedario, en el Distrito 4. En el lugar también se incendiaron casas.
Silva dijo que entre Potosí, La Paz y Oruro hay 30 casos de avasallamiento de tierras en investigación, y otro tanto en Santa Cruz y Cochabamba.
