El diputado de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón recordó al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que ya terminó el plazo para pronunciarse en torno al proyecto de ley sobre las elecciones judiciales.
A través de una carta firmada por él y su jefe de bancada, Enrique Urquidi, y recibida este lunes, los legisladores opositores evocaron el parágrafo 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE).
“En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dicta ese parágrafo.
El proyecto de ley 144/2022-2023 fue aprobado el 31 de agosto de este año en la Cámara de Senadores y en esa misma fecha fue remitido a la Cámara Baja.
“El plazo de 30 días para tratar este PL (proyecto de ley) en la Cámara de Diputados venció el día sábado 30 de septiembre de 2023 y esta Cámara (Diputados) no se pronunció, con lo cual perdió su competencia legislativa para tratarlo fuera del Pleno de la ALP”, dice parte de la carta.
La carta advierte de un supuesto contubernio entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Gobierno en torno a un sabotaje de las judiciales.
Elecciones judiciales
Tiene, dice, la finalidad de “prorrogar inconstitucionalmente a los actuales magistrados que terminan sus funciones el 2 de enero del 2024”.
Una vez recibida, la propuesta de norma fue derivada a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y ésta remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que finalmente la admitió el 28 de septiembre, y aún se espera la respuesta.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa fue conminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un comunicado que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.
Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.
Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtió en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.
