Dos exfuncionarios del gobierno de Jeanine Áñez fueron sentenciados a tres años de cárcel por la compra de gases de Brasil, con sobreprecio. En este caso hay otras 11 personas investigadas, entre ellos los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.
El subprocurador del Estado, Yván Córdova, indicó que tras una investigación se determinó que hubo una adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio de $us 2,3 millones, en el mandato transitorio de Jeanine Áñez, según una publicación de la red Unitel.
Córdova explicó que dentro de este tipo de delitos por corrupción, los sentenciados podrán obtener algún tipo de beneficio o “perdón judicial” al tratarse de una pena de solo tres años de cárcel.
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GASES
El Estado pagó $us 5,6 millones por este material, cuando el precio real era de $us 3,3 millones. “Es importante para la Procuraduría que el hecho está demostrado y está comprobado. Existen responsabilidades en este caso”.
El 29 de noviembre de 2019, la entonces presidenta transitoria promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.
La adquisición se hizo en tiempo corto a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS). El Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, pero el caso fue más visible a raíz de la detención de Murillo en Estados Unidos.
La exautoridad fue sentenciada en enero de este año por un tribunal de EEUU a cinco años y siete meses de cárcel en un juicio que se le instauró en ese país por los delitos de lavado de dinero y soborno.
De acuerdo con las investigaciones, en 2020, el entonces ministro de Gobierno compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Lo hizo a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). No obstante, el negocio ya había sido cocinado con anterioridad, el 16 de noviembre de 2019.
SOBORNOS
Las investigaciones en Estados Unidos establecieron un sobreprecio de $us 2,3 millones, con el que BTS pagó sobornos, de los cuales $us 582.000 fueron a parar a Sergio Méndez, el brazo derecho de Murillo en su ministerio. Éste también fue condenado en suelo estadounidense, junto a los propietarios de la empresa BTS.
Murillo fue detenido cuando intentó emplear bancos estadounidenses para lavar parte del soborno que le tocó. Cumple su condena en el país del norte, y en Bolivia también es procesado.
Los implicados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
