Las elecciones judiciales otra vez dependen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que, en otro escenario posible, absolverá incluso hasta mediados de diciembre la consulta sobre la ley interpuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, develó el viernes en La Razón Radio ese extremo, que postergará los comicios más allá de lo previsto en la ley aprobada el 31 de agosto en la Cámara de Senadores.
El 6 de septiembre, la comisión que preside el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió derivar en consulta la Ley de Elecciones Judiciales 2023- 2024 —aprobada en la Cámara de Senadores el 31 de agosto, a los ministerios del Planificación— de Economía y Justicia, del Órgano Ejecutivo, y a los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Supremo Electoral (TSE) y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.
De paso, el TSJ consultó la constitucionalidad de la ley ante el TCP, que el 28 de septiembre admitió el recurso y frenó su consideración legislativa, por tanto, el mismo proceso eleccionario.
Jáuregui apeló al artículo 114 de la Ley 254, del Código Procesal Constitucional, para adelantar que dicha consulta será eventualmente absuelta por el TCP hasta la primera quincena de diciembre.
Dicha norma otorga 30 días, después del sorteo de magistrados, para la declaración constitucional del TCP sobre el caso.
Inmediatamente después de las recomendaciones del TCP, debemos “ajustar los elementos que están conflictuados con la Constitución para reencaminar el proyecto de ley”, dijo el diputado.
Así, consideró posible la aprobación de la ley para inicios de enero del próximo año. Para entonces, los actuales magistrados y consejeros, electos en 2017 y vigentes desde 2018, habrán terminado su gestión de seis años que manda la Constitución.
Ante ese escenario, “podríamos estar hablando de febrero, aproximadamente”, para los comicios, dijo el parlamentario.
Será un mes más tiempo rezagado de lo previsto por la ley aprobada en Senadores. El 31 de agosto, la presidenta de la Comisión de Constitución de ese órgano camaral, Patricia Flores, adelantó que los comicios estaban previstos para la primera quincena de enero de 2024 y la transición para mediados de febrero.
Las consultas planteadas por la comisión de Jáuregui postergaron más aún las elecciones, a tal punto que el TSE las desahució para este año.
Es que “ha sido una norma muy acelerada y construida de manera muy hormonal, con mucha ligereza e irresponsabilidad”, lamentó una vez más el diputado.
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TROPIEZOS.
La convocatoria a elecciones judiciales sufrió muchas dificultades desde el primer intento.
El 13 de abril, a instancias del abogado Miguel Ángel Balcázar, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni frenó el proceso.
Encaminado el registro de postulantes con una norma enmendada, el 25 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso una acción abstracta de inconstitucionalidad del proceso. Dos días después, el TCP admitió el recurso y paralizó otra vez el proceso de registro.
Desde ese 27 de abril, el TCP se dio el límite de tiempo casi exacto para resolver la acción. El 31 de julio emitió su sentencia y dejó en fojas cero las elecciones.
