Los principales líderes del paro de 36 días por Censo en 2023 fueron acusados por varios delitos. Entonces, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz propició las protestas que causaron violencia y racismo.
La movilización degeneró en al menos tres muertes, quema de sedes sindicales, “cobros” en las rotondas, impedimento al paso de vehículos con personal médico y ambulancias, y golpiza a indígenas, entre otros extremos.
El jueves, la Fiscalía General del Estado presentación la imputación contra cinco dirigentes de la organización conformada por la Gobernación, el Comité pro Santa Cruz y la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM).
Los acusados son el gobernador Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico Rómulo Calvo, el rector Vicente Cuéllar, el vicerrector Reiniero Vargas y el abogado José Luis Santiesteban.
Ellos habían propiciado el paro indefinido contra el Censo de Población y Vivienda fijado para 2024 por el Decreto Supremo 4670, que al final fue abrogado. El paro se inició el 22 de octubre y terminó el 26 de noviembre. Fue llamado el paro de los 36 días.
Antes, el 23 de noviembre, Camacho llamó a conferencia para afirmar que la solución del conflicto estaba en manos del Gobierno. Afirmó que la fecha ya “no es determinante” y que “es un tema que viene a ser un concho del logro del paro”.
Al final, luego de mesas técnicas en Cobija, la Asamblea Legislativa sancionó la ley que fijó el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024.
El presidente Luis Arce promulgó el 2 de diciembre la Ley 1492, de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.
“Les pido reflexionar y hacer énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca”, arguyó el mandatario.
Admisión
El 11 de noviembre, el vocero de la UAGRM, Manfredo Bravo, admitió que los “malvivientes” habían tomado el control de las protestas. “Borrachos, malvivientes y drogados se apoderaron de puntos de bloqueo; ya no es el ciudadano común el que está bloqueando, hay gente malviviente”, afirmó.
Sin embargo, el Comité pro Santa Cruz denunció un “afán de revanchismo” del Gobierno, “utilizando la justicia como su brazo represor” y de “persecución política”.
Los dirigentes son acusados de presuntos delitos terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas.
La Fiscalía abrió el caso a instancias del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto Marcelo Mayta, el 11 de noviembre de 2022. La Fiscalía de La Paz recibió la denuncia, pese a que los hechos acontecieron en la capital de Santa Cruz.
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Aquí, un repaso de los hechos contados por La Razón el 7 de diciembre:
Muerte en Puerto Quijarro
El mismo día en que se inició el paro, el 22 de octubre, una persona, Julio Taborga, murió luego de una golpiza en un punto de bloqueo en Puerto Quijarro.
Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, el hombre fue golpeado hasta morir por seguidores cívicos que impulsaban las protestas por el Censo en 2023. Habían sido detenidas tres personas.
Racismo contra ayoreas
La mañana del 28 de octubre, un grupo de mujeres de la nación ayorea que bloqueaban en contra del paro fue amedrentado y discriminado por Daniel Velázquez, subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez.
El hombre, con chicote en mano y propalando palabras racistas, intentó cruzar el sector y desbloquear el punto. Incluso denunció que fue chicoteado luego de los incidentes.
El juez de instrucción penal de Concepción, Jhonnie Orinohi, emitió un fallo en contra del funcionario, que contemplaba arraigo, fianza de Bs 20.000 y la presentación cada semana a firmar un acta en la Fiscalía.
Además, prohibió a Velásquez acercarse a la comunidad ayorea denunciante.
Violencia en La Guardia
La noche del martes 1 de noviembre, en camionetas y motocicletas, pertrechada de petardos o bazucas artesanales, incluso armas de fuego, una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) llegó a La Guardia con el fin de desbloquear un cerco campesino contra el paro.
Hubo enfrentamientos entre “unionistas” y efectivos de la Policía, además de varios detenidos. En medio de los incidentes, el periodista de la red Unitel Mario Rocabado fue herido en la cabeza y socorrido por la Policía.
Según el Ministerio Público, los movilizados destruyeron seis vehículos patrulleros, uno con arma, y saquearon el comando policial del municipio.
De entre los detenidos, Anderson Lijerón López, de 22 años, se declaró culpable de los ilícitos y fue sentenciado a prisión en Palmasola en un juicio abreviado.
Motociclista degollado
La noche del 9 de noviembre, un hombre, Eduardo Arancibia (22), que retornaba a su casa en una motocicleta junto a dos personas, resultó degollado por un cable coaxial que los bloqueadores habían tendido de poste a poste en un punto de bloqueo.
La víctima no se percató de la extensión y fue sorprendido con fuerza, hasta que perdió la vida por una herida profunda en el cuello. Cinco personas, que controlaban el punto, están aprehendidas.
Apuñalados en un punto
Al día siguiente, la madrugada del 10 de noviembre, en la zona Barrio Latino dos hombres fueron apuñalados; a José Eduardo Sosa (28) le extirparon el corazón, mientras que Jhon Jairo Montero (19) resultó herido.
Según la Policía, ambos se disputaban el control del punto de bloqueo. Una persona se encuentra en prisión con detención preventiva por el caso.
Quema de la sede de campesinos
El 11 de noviembre, a 21 días de haber iniciado el paro cívico en Santa Cruz, gremiales, transportistas e interculturales protestaron contra el paro con una movilización hacia la rotonda del Chiriguano.
A su paso, algunos encapuchados desmantelaron puntos de bloqueo y se encontraron la resistencia de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes, en represalia más tarde, quemaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos ‘Apiaguaki Tumpa’.
Además, doblaron las rejillas, golpearon constantemente el letrero de esta federación, sacaron sillas, mesas y saquearon las instalaciones. De los 10 acusados de haber propiciado el incendio en la sede, cuatro deberán esperar su proceso en el penal de Palmasola.
Saqueo de la COD
El mismo día, miembros de la UJC saquearon la sede de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, de la que se llevaron equipos y materiales.
Al menos dos personas se sometieron a un juicio abreviado y recibieron sentencia condenatoria cuatro años de prisión y 15 recibieron medidas sustitutivas.
Bloqueo al acceso a la salud
En distintas fechas, hubo hechos de violencia que vulneraron el acceso a la salud y al libre tránsito.
Desde el Ministerio de Salud y familiares de pacientes con cáncer se denunció que los bloqueadores trataron con crueldad a los enfermos, incluso a los niños, impidiendo incluso el paso de las ambulancias.
Incluso hubo personas que controlaban credenciales del personal médico en los vehículos de emergencia.
Enfermos renales fallecidos
Igual panorama sufrieron los enfermos renales. El secretario general de Vida y Esperanza, de los centros de hemodiálisis, Marco Antonio Torres, denunció que debido al paro con bloqueos cinco pacientes que necesitaban realizar hemodiálisis no fueron atendidos oportunamente y fallecieron, mientras que otros se encuentran en terapia intensiva.
Violencia en puntos de bloqueo
Lo que comenzó como un “paro pacífico”, con el pasar de los días, se fue convirtiendo en ola de agresiones de parte de algunas personas que resguardaban los puntos de bloqueo.
Con palo en mano y amedrentando a la gente que pasaba por el lugar, iban desquitando su ira contra aquellos que no estaban de acuerdo con la medida y les cobraban “peaje”.
En algunos puntos los ciudadanos fueron agredidos cuando intentaban pasar con sus bicicletas, fueron obligados a descender y a cruzar a pie, “como símbolo de respeto al paro”.
‘Peaje’ en los puntos de bloqueo
Estos puntos de bloqueo fueron aprovechados por algunos “pitilleros” o extranjeros para lucrar: cobraban una “peaje”, incluso bajo boleta, a quienes cruzaban el lugar.
La Dirección de Migración deportó a al menos tres foráneos.
Y los testimonios sobre cobros irregulares abundaron en redes sociales.
