El activista David Inca cuestionó ayer que los familiares y víctimas de Senkata no hayan sido considerados por la Fiscalía para acusar a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y otras 17 personas por supuesto “genocidio” en 2019.
En su justificación, el defensor de derechos humanos y representante de las víctimas caídas el 19 de noviembre evocó una de las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que señala que las investigaciones que realice la Fiscalía en torno a ese tema deben ser coordinadas con el grupo de familiares y víctimas de las jornadas de violencia.
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“Tiene que haber una coordinación entre las víctimas y la Fiscalía; es decir, la Fiscalía tiene que informar (a las víctimas sobre) qué está haciendo, qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. Las víctimas no pueden estar aisladas de las decisiones”, reclamó Inca en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
La segunda observación del activista tiene que ver con la ausencia en la acusación de los ministros que dieron luz verde al Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas por el uso desmedido de la fuerza en los conflictos poselectorales de 2019.
“A las víctimas les interesa saber quién ordenó matar y quién mató; quién ordenó disparar y quién disparó; quién ordenó torturar y quién torturó”, añadió.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este proceso se ventilará en el ámbito ordinario y no en un juicio de responsabilidades, como exige la defensa de la exmandataria. “La vía ordinaria o de responsabilidades es debate político”, añadió.
