Luis Guillén, abogado de la expresidente transitoria Jeanine Áñez, cuestionó que el Ministerio Público acuse a su defendida por supuesto genocidio e insistió en que las investigaciones de ese caso deben realizarse en un juicio de responsabilidades.
Ese proceso, en el que están incluidas otras 17 personas, entre ellas los ministros más cercanos de su gestión, se busca establecer responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata, el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente; el ellas murieron 20 personas, la mayoría a bala.
“Emitir una imputación por genocidio trae una connotación del exterminio de un determinado grupo (…): Una nación, religión o un grupo que los una adecuadamente. En Senkata nunca hubo una intención de genocidio”, dijo el jurista en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
En esas jornadas de violencia, policías y militares reprimieron a movilizados que exigían “respeto a la democracia”; sin embargo, fueron reprimidos por policías y militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, emitido por Áñez.
El 17 de agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó su informe sobre las jornadas de violencia de noviembre de 2019. En él se califica de masacre con ejecuciones extrajudiciales a las muertes derivadas de la represión de policías y militares.
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Jeanine Áñez
Pese a las consideraciones de Guillén, el artículo 138 del Código Penal establece: “El que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio de diez a veinte años. En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el país. Si el o los culpables fueren autoridades o funcionarios públicos, la pena será agravada con multa de cien a quinientos días”.
Guillén dijo una vez más que el proceso que se instaló en contra de Áñez y sus allegados debe ser abordado en un jucio de responsabilidades y no en la vía ordinaria, como lo anunció el fiscal general del Estado, juan Lanchipa.
