El 14 de noviembre de 2019, dos días después de su proclamación, Jeanine Áñez y su gabinete firmaban el Decreto 4078. Al día siguiente, una represión militar terminó con la vida de 10 manifestantes en Sacaba, como en Senkata cinco días después.
El personal militar “que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa o estado de necesidad (…)”, señalaba el artículo 3 de la norma que el 28 de noviembre fue abrogada por la misma Áñez.
Bajo el decreto, unidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana ejecutaron sendos operativos de represión en las movilizaciones de Sacaba y Senkata. El saldo de la acción fue una veintena de fallecidos, en algunos casos bajo ejecuciones extrajudiciales.
A casi cuatro años de los luctuosos hechos, la Fiscalía General del Estado formalizó la imputación contra Áñez y tres de sus ministros: Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Víctor Hugo Zamora (Hidrocarburos). Además, fueron acusadas otras 14 personas, entre jefes militares y policiales de entonces.
“Se solicitará una pena máxima sancionatoria de 30 años de privación de libertad”, argumentó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.
Todos son acusados por el presunto delito de genocidio.
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Sacaba y Senkata
Según la comisión de fiscales del caso, la acusación se basa en 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas a miembros las Fuerzas Armadas, a 30 efectivos policiales, a 50 víctimas y a ocho a empleados de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Conocida la imputación, Áñez reaccionó en sus redes sociales. ¿Qué dirá @CIDH que usan informe #GIEI de papel higiénico? Me acusan de genocidio como si fuera Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden”, cuestionó.
“Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos”, afirmó.
La exmandataria reivindicó a su favor que “no hay ni habrá justicia sin juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponde y que determine la verdad”.
La tarde del 15 de noviembre, una multitudinaria columna de manifestantes, a convocatoria de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, fue interceptada en el puente Huayllani, en Sacaba. Policías y militares bien pertrechados tenían la misión de impedir el paso de la marcha —llamada “en defensa de la democracia”— a la ciudad de Cochabamba.
Luego de la gasificación de manifestantes por parte de policías, actuaron los militares. “Los militares dispararon, con armas de fuego, desde el puente, y también desde la carretera. Es posible también que algunos policías hayan disparado”, señala el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— que investigó la violencia y la violación de derechos humanos entre octubre de 2019 y enero de 2020.
“El GIEI tiene un registro de 10 fallecidos como resultado directo de la acción estatal”, agrega el documento entregado al presidente Luis Arce el 17 de agosto de 2021.
Muertos
La lista de fallecidos consigna a Omar Calle Siles (26), César Sipe Mérida (18), Armando Caraballo Escobar (25), Emilio Colque León (21), Marcos Vargas Martínez (31), Roberto Sejas Escobar (28), Juan López Apaza (34), Lucas Sánchez Valencia (43), Plácido Rojas Delgadillo (18) y Julio Pinto Mamani (51). Éste fue herido gravemente, murió el 11 de junio de 2020.
Luego de la masacre, como calificaron a su turno la CIDH y el GIEI, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que los manifestantes se dispararon entre sí, al coincidir las muertes por la espalda de las víctimas. “¿Cómo han podido recibir un tiro ahí? ¿El compañero de atrás le disparó? Lo que decían: ‘Hagamos daño y les echamos la culpa a ellos’. Aquí hay una mente macabra (…)”, justificó entonces la autoridad gubernamental.
“No se comprobó que manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego, entre sí o en contra de las fuerzas de seguridad”, contradice a Murillo el informe del GIEI.
Cinco días después, el 19 de noviembre de 2019, otra represión militar-policial mató a otras 10 personas en Senkata, El Alto. Entonces, la movilización impedía la salida de combustibles de la planta de la zona en protesta por la irrupción del nuevo gobierno.
Protesta
Aunque las autoridades de entonces arguyeron que la protesta pretendía hacer “volar” la planta, el GIEI descartó ese extremo en sus investigaciones. “El GIEI no ha identificado evidencias concretas que indiquen que se hubiera producido un ataque directo contra la planta y que ésta haya estado expuesta a un riesgo de explosión”, concluye el informe.
“De hecho, quedó demostrado que, aun tras el derribamiento del muro, los manifestantes no representaban un riesgo concreto para la seguridad de la planta”, insiste.
Murieron luego en la represión Antonio Ronald Quispe Ticona (24), Clemente Mamani Santander (24), Calixto Huanaco Aguilario (25), Devi Dedvi Posto Cusi (34), Edwin Jamachi Paniagua (31), Juan José Tenorio Mamani (22), Joel Colque Patty (22), Milton David Zenteno Gironda (24), Pedro Quisbert Mamani (37) y Rudy Christhian Vásquez Condori (23).
Entonces, el ministro López dijo que “de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo cartucho”.
(24/10/2023)
