La Fiscalía presentó la acusación formal en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en el caso Decretazo, en el que pretendía delegar su cargo de forma interina a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera.
Dentro de este caso, el gobernador cruceño es acusado por el delito de “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel.
“El hecho de haber publicado en la Gaceta Departamental el Decreto 373 ya tiene una acusación fiscal y va a ser en un juicio oral donde se determine la condena o la absolución del Gobernador. En aproximadamente mes y medio ya estaremos en un juicio oral donde se va a definir cuál es la condición (de Luis Fernando Camacho). (Se pide) la pena máxima de seis años de reclusión en el penal de Chochocoro”, señaló Marcelo Aliaga, abogado del asambleísta departamental que presentó la denuncia.
En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, Camacho encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo a Aguilera. Con ese fin, la autoridad cruceña promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.
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Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el vicegobernador.
Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no había sido notificado por el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.
Este extremo fue considerado ilegal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.
Camacho cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, en el marco de las investigaciones del caso denominado Golpe de Estado I.
El proceso, abierto a instancias de la exdiputada Lidia Patty, investiga los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
