Sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, el exministro de Gobierno Arturo Murillo reapareció en sus redes sociales y descalificó la acusación en su contra por las masacres de 2019.
“Quien ordenó cometer genocidio fue @evoespueblo. La expresidenta @JeanineAnez salvó a Bolivia de una guerra civil”, escribió este sábado en su cuenta de X.
El exministro publicó un video con el audio que se atribuye a Morales, en el que supuestamente éste ordena cercar ciudades para evitar el ingreso de alimentos, en 2019.
El lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó de la acusación formal a Áñez, Murillo y a los exministros de Defensa Luis Fernando López y de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora en el caso de las masacres de Sacaba y Senkata en 2019. Otras 14 personas fueron imputadas formalmente por el delito de genocidio.
Pena
“Se solicitará una pena máxima sancionatoria de 30 años de privación de libertad”, argumentó el fiscal general en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.
Murillo cuestionó la determinación de la Fiscalía General del Estado, de la que escribió que “no podrá volcar la historia”.
El 14 de noviembre de 2019, dos días después de tomar el poder, Áñez y sus ministros promulgaron el Decreto Supremo 4078 con el fin de repeler las manifestaciones sociales contra el nuevo gobierno. La norma eximía de responsabilidades penales a los militares.
Al día siguiente, en operativo conjunto, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana interceptaron la marcha de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en el puente, Huayllani, Sacaba. La represión terminó con una decena de fallecidos, según certificó luego el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Masacres
Entonces, Murillo había dicho que los movilizados se dispararon entre sí. “Los militares dispararon, con armas de fuego, desde el puente, y también desde la carretera. Es posible también que algunos policías hayan disparado”, concluyó el GIEI en su informe presentado el 17 de agosto al presidente Luis Arce.
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Cuatro días después, el 19, otra represión militar terminó con la vida de otras 10 personas en Senkata, en El Alto. Entonces, López afirmó que “del Ejército no salió ni un solo cartucho”.
La CIDH y el GIEI establecieron que ambos hechos luctuosos resultaron una masacre. El GIEI concluyó también que en el caso de la masacre de Sacaba hubo ejecuciones extrajudiciales.
Sentenciado
Murillo guarda prisión bajo sentencia judicial en una cárcel de Florida, Estados Unidos. El 20 de octubre de 2022 se declaró culpable bajo un acuerdo judicial que redujo su pena de al menos 20 años.
Fue investigado por ingresar en territorio estadounidense dinero sin declarar. En Bolivia es acusado por la compra con sobreprecio de material antidisturbios por un valor de $us 5,6 millones. Según las pesquisas, en esa compra se detectó un sobreprecio de $us 2,3 millones.
De ese total, Murillo recibió al menos $us 532.000 en pagos por concepto de soborno de Bravo Tactical Solutions (BTS), la empresa intermediaria que adquirió el material de la empresa brasileña Condor.
El caso fue descubierto a través de transferencias bancarias sospechosas entre bancos bolivianos y estadounidenses. Se presume que López, posiblemente radicado en Brasil, también está implicado en el caso.
