Tras la decisión del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto sobre su incompetencia para juzgar el caso Senkata contra Jeanine Áñez y otros sindicados, la expresidenta reivindicó este martes un juicio de responsabilidades en su contra y, a la par del político opositor Carlos Mesa, pidió protección para los tres jueces que emitieron la sentencia.
El lunes, el tribunal rechazó el juzgamiento por el delito de genocidio, que ya cuenta con acusación formal de la Fiscalía y está listo para el juicio oral, bajo el argumento de que los órganos del Estado reconocieron los actos de Áñez como de una “presidenta del Estado Plurinacional”, por lo cual corresponde un juicio de privilegio.
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Mediante una carta manuscrita publicada en su cuenta de redes sociales, Áñez, quien está encerrada en el penal de Miraflores de La Paz, señala “a la comunidad internacional y opinión pública” que tomó conocimiento de la Resolución 245/2023, del 27 de octubre, que “reconoce que la vía competente para mi juzgamiento es mediante un Juicio de Responsabilidades, cumpliendo el mandato constitucional y las leyes vigentes” (sic).
“La decisión tomada dignifica la justicia y de alguna manera nos lleva a creer que no todo está perdido para los presos políticos y bolivianos en general”, y continúa, “dados los antecedentes de represalias cuando se emiten decisiones desfavorables a los intereses del poder político en nuestro país, es que exijo la debida protección para cada uno de los 3 valientes abogados David Kasa Quispe, Pedro Canaza K. y Wendy Ingrid Rojas Chuquimia, otorgándoles las máximas garantías en el ejercicio independiente de sus funciones y la continuidad laboral” (sic).
Áñez
Los tres jueces técnicos remarcan en su fallo que “si bien, la forma de asumir la Presidencia… por Áñez es cuestionada, lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del Órgano Ejecutivo, no solamente como ciudadanos, sino también los órganos… Legislativo, Judicial, Electoral, así como el Tribunal Constitucional y el propio Órgano Ejecutivo”.
El caso Senkata se refiere a hechos acontecidos en 2019. El 10 de noviembre de ese año, el presidente Evo Morales renunciaba en medio de una crisis expresada en denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Dos días después, la senadora opositora Áñez tomaba el poder. Según el Ministerio Público, se proclamó presidenta del Senado y, posteriormente, mandataria del Estado sin el respectivo quórum en la Asamblea Legislativa y vulnerando el reglamento de la Cámara Alta. Por ello, fue sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.
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El 14 de noviembre, Áñez promulgó el decreto 4078, que eximió de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos conjuntos con la Policía para “restablecer el orden”. Una jornada más tarde, 10 personas murieron por impactos de bala en Sacaba (Cochabamba), y el 19 de noviembre, otras 10 fallecieron en las mismas circunstancias en Senkata (El Alto).
Sentencia
La sentencia del tribunal de El Alto señala que Áñez fue reconocida en su mandato ya que la Asamblea sancionó normas que fueron promulgadas por ella en su condición de “presidenta constitucional… así como titulan en los encabezados de las referidas leyes”. Aparte, añaden los jueces técnicos, el Órgano Electoral reconoció la autoridad de Áñez al nombrar presidente a un vocal designado por ella: Salvador Romero Ballivián; eso no es todo, recuerda que también se convocó a elecciones en 2020 con base a una ley promulgada por la entonces presidenta.
Y hubo reconocimiento de otros órganos, según el fallo. “El Órgano Judicial también reconoció la autoridad de Áñez, cumplió las normas electorales emanadas de esta autoridad al participar el 18 de octubre de 2020 con jueces electorales a nivel nacional”. Al igual que los miembros e instituciones del Ejecutivo, “al aceptar y ejercer como ministros y altas autoridades de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Policía Boliviana”.
Respuesta fiscal
“En conclusión, nuestras actuales autoridades de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral emanan de las normas promulgadas por Áñez en su condición de presidenta… Desconocer esa institucionalidad, aunque inicialmente con defectos, sería poner en duda la legalidad de las referidas autoridades”, subraya el dictamen del tribunal.
Asimismo, el tribunal advierte que si se procede de otra forma en cuanto al juzgamiento de Áñez, “se estaría incurriendo en nulidad absoluta del proceso”.
La respuesta provino del fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien no se guardó adjetivos y tildó a la determinación como un “agravio jurídico” y un fallo “malicioso”. Eso sí, anunció una apelación. “Tomamos con mucha sorpresa y realmente nos muestra un total desconocimiento de las reglas del debido proceso. Además de manera tan maliciosa… han resuelto este tipo de incidente”.
Áñez recibió este martes el respaldo del expresidente y jefe de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mediante redes sociales. “La decisión del Tribunal de Sentencia de El Alto en torno al juicio a la expresidenta Jeanine Áñez, abre la posibilidad de restablecer la justicia y la vigencia de la CPE que dispone juicio de responsabilidades para ex presidentes acusados. Es imperativo garantizar la vida y la integridad de los jueces, ante la arremetida de violencia y acoso masista que pretenderá mantener la ilegalidad y la mentira”.
