El procurador del Estado, César Siles, informó este domingo que el país aún tiene pendientes 10 arbitrajes internacionales por un monto que alcanza a los $us 1.000 millones en litigio. Se trata de cinco procesos comerciales y cinco de inversión.
“De los cinco en materia de inversión, en tres ya tenemos un laudo arbitral, uno al que hemos recurrido a un pedido de nulidad, y los otros son con las mineras Glencore y Orlandini. Nos falta Zurich y el Consorcio Cementero del Sur. Tenemos expectativas en que en ambos vamos a tener un resultado favorable para el Estado”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
En el caso de Glencore, el fallo fue en contra y el Estado debe pagar $us 253.591.796 por la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto y la mina Colquiri. “Ese fallo aún está sujeto a correcciones y aclaraciones”, reveló.
Arbitrajes
Respecto a la minera Orlandini, hace unos días la Corte Permanente de Arbitraje con sede en París determinó rechazar la demanda internacional presentada por la Compañía Minera Orlandini Ltda. Ésta pedía un resarcimiento de $us 253 millones por la reversión de concesiones mineras.
En este caso, Siles reveló que el Estado pagará costos administrativos por el proceso que duró cinco años. Además, deberá cancelar $us 3 millones al bufete de abogados que defendió al país.
Respecto a las demandas aún pendientes, el Procurador se refirió al proceso de las suizas Zurich Insurance Company Ltd y Zurich South America Invest AB, propietarias de la administradora de fondos de pensiones Futuro de Bolivia. Llevaron a Bolivia a un arbitraje internacional el 17 de junio de 2020 por la nacionalización del sistema de pensiones.
El otro proceso pendiente es el arbitraje internacional interpuesto por el Consorcio Cementero del Sur SA, por la expropiación de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) por más de $us 200 millones.
Inversión
Siles explicó, además, que están en curso cinco arbitrajes de inversión.
El primer caso salió favorable para el Estado; sin embargo, la empresa demandante apeló el fallo. Se trata del proceso de la empresa Duron LLC contra la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); que pedía una indemnización de hasta $us 15 millones por supuesto incumplimiento de contrato en la compra de trigo.
“Los otros son Shell contra YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y otro que nosotros hemos presentado contra una empresa internacional que fue contratada por la Gestora de Pensiones en Bolivia”.
En el caso de la demanda de Shell Bolivia Corporation, que demanda al Estado por deudas de producción e incentivos a la producción de hace años, Siles dijo que “ya se celebró la audiencia principal” y se está a la espera de la post audiencia, que “fijará plazo para que se dicte al ludo arbitral”. “No se puede informar más por la confidencialidad”, subrayó.
Respecto a los otros litigios, Siles no dio mayores detalles.
“En los comerciales involucran vía pública con una empresa privada y los de inversión son de Estado a Estado porque están en el marco de un tratado de inversiones que en su momento se suscribió con el Estado boliviano. Esos arbitrajes suman aproximadamente $us 1.000 millones; de los cuales ahora estaríamos liberándonos de $us 500 a 600 millones (por los fallos que salieron a favor) aproximadamente”, remarcó.
Lea más: Tribunal de París rechaza demanda millonaria interpuesta por minera Orlandini contra Bolivia
Abogados
El procurador explicó que, para encarar la defensa en estos litigios, el Estado contrató 10 bufetes de abogados internacionales a los que se les paga un monto aproximado de $us 16 millones.
“Primero vamos a empezar con los arbitrajes comerciales y luego con los de inversión que son más complicados pues se requiere de idiomas y litigar en el extranjero. En los comerciales, algunos de ellos se llevan a cabo en Bolivia en la Cámara de Comercio de Santa Cruz. Y pueden ser atendidos y patrocinados por los abogados de la Procuraduría”.
Asimismo, informó que existen otros procesos denominados pre-arbitrales que están bajo asesoramiento de la Procuraduría.
“Es algo que faltó en anteriores gestiones, dar un asesoramiento preventivo a las empresas del Estado, acompañar las decisiones que van tomando a momento de firmar contratos, reforzar el asesoramiento”.
