El Tribunal de Sentencia 1 de Sacaba se declaró incompetente en procesar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez y otros, acusados por la masacre de Sacaba de 2019.
Con el juicio en curso “se estuviera incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas”, justifica la resolución judicial a la que accedió La Razón.
Áñez y otras autoridades, entre ellas los entonces ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, y jefes militares, fueron acusadas por la represión del 15 de noviembre de 2019 que terminó con la muerte de 10 personas en el puente Huayllani, en Sacaba, Cochabamba.
Se trata del segundo caso de declaratoria de incompetencia en un juicio contra Áñez. Hace dos semanas, un juzgado de El Alto tomó la misma determinación, pero en relación a la otra masacre, de Senkata, del 19 de noviembre de 2019.
En su argumentación, el tribunal consideró que “no resulta válido” la justificación del Ministerio Público de acusar Áñez por la vía ordinaria porque “detentó ilícitamente la presidencia del Estado con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
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Esto, “más allá de cuestionar sobre la legalidad o ilegalidad de su ejercicio”, en relación al mandato de hecho de la exmandataria, que llegó al poder luego de la renuncia del presidente Evo Morales.
El 12 de noviembre, la entonces senadora se proclamó presidenta en sendos actos en la Asamblea Legislativa, donde también asumí la presidencia de la Cámara de Senadores. Lo hizo sin quorum ni asistencia de la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Precisamente, por esa acción, Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión, acusada de delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El caso es llamado como Golpe de Estado II y se encuentra en casación en el Tribunal Supremo de Justicia.
“Devuélvase en el día los antecedentes ante el Juzgado de Instrucción Cautelar No. 1 de Sacaba, a los fines de remisión de todos los antecedentes del proceso ante la autoridad competente conforme dispone la Ley 044 de 2010, sea con la nota de atención respectiva”, dice la resolución del Tribunal d Sacaba del 8 de noviembre reciente.
“La presente resolución no admite recurso de apelación”, recuerda el documento.
La tarde del 15 de noviembre, una multitudinaria columna de manifestantes, a convocatoria de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, fue interceptada en el puente Huayllani, en Sacaba. El saldo fatal de la represión militar y policial fue 10 fallecidos.
Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de masacre la intervención militar y policial, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) incluso consideró que el operativo hubo ejecuciones extrajudiciales.
Según estableció el GIEI, entonces fueron asesinados Omar Calle Siles (de 26 años), César Sipe Mérida (18), Armando Caraballo Escobar (25), Emilio Colque León (21), Marcos Vargas Martínez (31), Roberto Sejas Escobar (28), Juan López Apaza (34), Lucas Sánchez Valencia (43), Plácido Rojas Delgadillo (18) y Julio Pinto Mamani (51). Éste fue herido gravemente, murió el 11 de junio de 2020.
