El ministro de Justicia, Iván Lima, calificó este lunes de “exceso” los fallos de los tribunales de sentencia de El Alto y Sacaba que se declararon incompetentes de juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez y aclaró que con los recursos presentados aún no tienen efecto jurídico.
“Como gobierno no estamos de acuerdo con las decisiones que ha tomado tanto un tribunal de sentencia en El Alto como el tribunal de Sacaba (y) considera que ha habido un exceso de ambos tribunales de sentencia”, dijo la autoridad
Indicó que en la mañana se presentó de manera física un recurso de enmienda en el Tribunal de Sentencia de Sacaba y otro de enmienda y apelación en el de El Alto.
“En ambos tribunales, el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) y la Fiscalía General del Estado ya han presentado los respectivos recursos de apelación. Esto qué significa, en tanto no se pronuncien los Tribunales Departamentales de Justicia, a través de sus salas penales sobre esta situación que se ha producido, no podemos decir que esas decisiones tengan algún efecto jurídico. Han quedado suspendidas como consecuencia de los recursos de enmienda y apelación”.
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El 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto declinó su competencia para juzgar por la vía ordinaria a Áñez en el caso Senkata, mientras que el 9 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba adoptó la misma decisión. Ambos señalaron que lo que corresponde es un juicio de responsabilidades.
La Fiscalía acusó formalmente a Áñez de genocidio por su rol en las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en las que murieron 20 personas, y pidió una condena de 30 años de prisión.
La exmandataria es apuntada por la promulgación del decreto 4078, a tres días de asumir el poder, que eximió de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos con la Policía para “restablecer el orden”.
La imputación alcanza también a sus exministros Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Víctor Hugo Zamora (Hidrocarburos). Además de los mandos altos de la Policía y las Fuerzas Armadas en su mandato transitorio.
El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunciaba a la presidencia en medio de denuncias de fraude electoral, una ola de protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión de los militares.
Dos días después, la entonces senadora opositora Áñez se proclamó mandataria en una sesión legislativa sin quórum y vulnerando el reglamento de debates del Senado, tal como señaló la Fiscalía. Por ello, fue sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.
Desde su encierro y a través de las redes sociales, la exmandataria reivindicó su derecho a un juicio de responsabilidades “como expresidenta de Bolivia”.
Lima recordó que el tema de la competencia de juzgar a Áñez por la vía ordinaria o por un juicio de responsabilidades ya fue objeto de recursos formulados por su defensa, que fueron rechazados por los mismos jueces cautelares en El Alto y Sacaba.
“(También) han sido objeto de apelación y en ambos departamentos se han confirmado en apelación. No se puede volver a llevar a los Tribunales (Departamentales) de Justicia algo que estaba decidido. En Cochabamba inclusive, la exsenadora Añez no ha presentado recurso de apelación cuando se discutió la competencia de la vía ordinaria”.
Lima señaló que en el proceso por un nombramiento irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) hay una sentencia constitucional que autoriza el juzgamiento por la vía ordinaria, la que está consolidada por “jueces, tribunales de apelación y por una sentencia constitucional”.
“Por lo tanto, ambos tribunales han actuado al margen de la ley y se está evaluando, conforme a procedimiento por parte de las víctimas y entidades a cargo, las responsabilidades de los tribunales. Esto no se puede dar hasta que no tengamos las decisiones de apelación que fueron formalizadas”.
