El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, insistió en que el juicio en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata en 2019 debe ventilarse en la vía ordinaria y no en un juicio de privilegio.
“La decisión asumida por estos tribunales, apartándose de los antecedentes contenidos en los autos de vista que ya resolvieron con anterioridad esta cuestión se encuentra al margen de los principios procesales de legalidad, transparencia y debido proceso”, dijo en una conferencia de prensa en Sucre.
Lanchipa aclaró que la cuestión competencial en este caso ya fue planteada, discutida y resuelta con anterioridad ante los juzgados de instrucción penal a cargo del control de garantías del proceso.
En esa “resolución judicial dispusieron que la ciudadana Jeanine Áñez Chávez debe ser procesada en la jurisdicción ordinaria y que no corresponde un juicio de privilegio constitucional”, remató.
El 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto declinó su competencia para juzgar a Añez en el caso Senkata, zona de El Alto en la que fallecieron 10 personas en la violenta represión militar y policial el 19 de noviembre de 2019.
Mientras que el Tribunal de Sentencia 1 de Sacaba se declaró también incompetente en procesar por la vía ordinaria a la exmandataria y otros acusados por la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de ese año.
Sobre eso, Lanchipa dijo que ambos tribunales actuaron de oficio y en completa “inobservancia”, no solamente de las reglas procesales, sino de los propios antecedentes que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional.
“El análisis sobre la competencia jurisdiccional para el conocimiento y procesamiento de este caso ha recorrido todo el sistema de impugnación judicial, adquiriendo, de esta manera, la condición de cosa juzgada material”, añadió el fiscal general.
Además, anunció “acciones legales para que la emisión de toda resolución, manifiestamente contraria a la Constitución y las leyes, sea objeto de investigación y se definan responsabilidad, más aún cuando dichas determinaciones, de forma arbitraria e ilegal, pretenden dejar en la impunidad graves violaciones de derechos humanos”.
El debate por la competencia jurisdiccional de este caso derivó en una serie de críticas por parte de, principalmente, los familiares y víctimas de las masacres y los mismos actores políticos que exigen “justicia” por las masacres.
Entretanto, la defensa legal de la exmandataria celebró la determinación, pues exige que la otrora senadora sea sometida a un juicio de responsabilidades.
