La Fiscalía General del Estado informó ayer que el Juzgado de Sentencia 2° de Capital determinó que los ocho sentenciados en el caso Misiles Chinos deben pagar $us 3 millones al Estado, como reparación del daño ocasionado.
En primera instancia, el Ministerio Público demandó en el proceso judicial de reparación $us 6,3 millones y una indemnización de $us 2 millones por los misiles destruidos.
Los ocho sentenciados fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
“El Ministerio Público inició el proceso judicial de reparación del daño junto con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, con las correspondientes pruebas ante la autoridad jurisdiccional que, en pasadas horas, dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia que declara probadas las demandas de reparación de daño en contra de los ocho sentenciados, quienes deberán realizar el pago de 3.005.280 dólares”, sostuvo la fiscal superior Patricia Bohórquez.
El fiscal superior Gonzalo Aparicio explicó que los que deben realizar la reparación del daño son el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; Marcelo Antezana, excomandante general del Ejército; Marco Vázquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; Gonzalo Méndez, exministro de Defensa y el almirante Marco Justiniano Escalante, excomandante en Jefe de las FFAA. Para efectivizar el pago tienen el plazo de un mes computable a partir de la ejecutoria de la sentencia y en una sola cuota.
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En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fueron entregados, de manera irregular, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados a ese país para su desactivación.
El argumento que se utilizó para su entrega fue que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas. Los misiles volvieron al país desmantelados en 2006.
El gobierno estadounidense consideraba que los misiles eran un riesgo para su seguridad nacional debido a la posibilidad de que cayeran en manos de grupos insurgentes.
La desactivación y el desarme fueron encomendados a especialistas estadounidenses debido a que el Ejército boliviano no contaba con expertos en la materia.
El 9 de marzo de 2006, La Fiscalía General del Estado emitió requerimiento acusatorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante resolución Nº 027/2011-2012 de enero 16 de enero de 2012, autorizó el juzgamiento.
