El jefe de la bancada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Guillermo Seoane, afirmó que el Gobierno “se aplazó” en su intención de llevar adelante las elecciones judiciales. Apostó por un acuerdo político para el proceso que está en vilo desde el 20 de septiembre.
Además, el legislador insinuó que cualquier otra forma de resolución para las judiciales puede alejarse de lo democrático.
“El que se está aplazando es el Gobierno nacional, que hasta ahora no decide las cosas, a no ser que quiera decidirlo por otro mecanismo que no sea el democrático”, dijo en entrevista con La Razón Radio.
Recordó que, para garantizar las elecciones, su bancada propuso una ley corta, que implica el interinato por no más de dos meses en los altos cargos de jueces y consejeros. Enfatizó que los actuales magistrados y consejeros “deben cesar” en cuanto termine su mandato constitucional, es decir el 2 de enero de 2024.
“No nos podemos inventar y decir ‘que sigan nomas’; ellos tienen que cesar y quedarán (en sus cargos los funcionarios) subalternos por un tiempo no mayor a dos meses. La otra opción es un decreto”, explicó.
Elecciones judiciales
Consultado por un eventual acuerdo político entre las tres fuerzas para definir las judiciales respondió: “Sería lo más aconsejable para el país, pero habría que ver si (los actores políticos) quieren hacerlo o no”.
A pesar de que la Cámara de Senadores, en consenso con sus tres fuerzas políticas, aprobara la ley el 31 de agosto, las elecciones judiciales se encuentran en vilo. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, de los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.
Dicho proyecto prevé los comicios la primera quincena de enero de 2024, pero la gestión de los actuales magistrados termina el 2 de enero.
Los actuales magistrado y consejeros fueron elegidos en 2017 y posesionados el 3 de enero de 2018; cumplido el periodo de su gestión, el 3 de enero de 2024 debieran asumir los cargos los electos en un nuevo proceso.
Por su parte, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que requiere de al menos 90 días para organizar los comicios, a partir de la remisión de la lista de 96 habilitados a los altos cargos judiciales.
Escollos
Cabe recordar los dos grandes escollos que frenaron los actuados sore las elecciones judiciales. Primero, el 12 de abril, el ciudadano Miguel Ángel Balcázar objetó con otro recurso el reglamento de convocatoria a postulantes. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni también había frenado el proceso, mientras varios postulantes habían sido habilitados.
Subsanadas las observaciones y con una nueva convocatoria en curso, el 27 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria que frenó el proceso.
El 31 de julio, el TCP declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria y el reglamento de la preselección de candidatos a las judiciales. Todo volvió a foja cero y los comicios quedaron en el limbo.
