El juicio oral contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ingresó en receso hasta el miércoles a las 08.15, con el objetivo de resolver los incidentes y las excepciones presentadas por la parte acusadora y demandados.
“Una vez revisados todos los antecedentes, a través de un análisis ponderado, la juez va a determinar si da por fundadas o infundadas las excepciones planteadas. No existe ningún impedimento para suspender, lo que ha hecho la juez es declarar un receso”, dijo Jonathan Revuelta, abogado de uno de los acusados, a Bolivia TV.
Los sindicados son Yasir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán, que comparecerán por tres causas que se remontan a los conflictos de 2019 y 2020.
El Ministerio Público los acusa por delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para cada uno.
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Los denunciantes de las tres causas, sumadas en un sola, son el exalcalde José María Leyes, el exdefensor del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles.
Según los antecedentes, en la crisis de 2019, un grupo de la RJC recorría la ciudad de Cochabamba en motocicletas agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) o, simplemente, por vestir pollera.
En noviembre pasado, Yassir Molina, uno de los líderes de la RJC, anunció que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”. El anunció lo formuló en el marco de su solicitud de someterse a un proceso abreviado por los hechos de violencia en puertas de la Fiscalía General del Estado, en 2020.
Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como grupo de choque en Cochabamba. Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia del presidente Evo Morales, por un supuesto fraude electoral.
Los medios de comunicación reflejaron cómo la RJC arremetía con golpes contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez. También agredieron físicamente y humillaron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS.
El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI identificó a la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (grupo de choque del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales.
