La Defensoría del Pueblo exigió a los órganos del Estado resolver los escollos que dejaron en vilo la realización de las elecciones judiciales, cuyo proceso se frenó por una consulta que hasta ahora no fue resuelta.
“La Defensoría del Pueblo exige al Estado a través de sus órganos (…) propongan y materialicen una solución a la elección de autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional”, señala una nota institucional de la entidad.
Demandamos la atención para “garantizar los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, sino el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, integro e inmediato”, dice el comunicado.
Las elecciones judiciales se encuentran en la incertidumbre; se acerca la conclusión del mandato de seis años de 23 magistrados, suplentes y titulares, y tres consejeros, en la misma condición, el 2 de enero de 2024. Elegidos en comicios judiciales en 2017, esas autoridades asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018.
Elecciones judiciales
El 31 de agosto reciente, la Cámara de Senadores, en consenso con sus tres fuerzas políticas aprobó un proyecto de ley sobre las judiciales. Remitido a Diputados, el documento llegó a la Comisión de Constitución, que decidió consultar sobre su contenido a tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.
Por lo tanto, la Defensoría, liderada por Pedro Callisaya, pidió al TCP absolver de manera “inmediata” la consulta sobre del TSJ; pues señala que “la dilación en su tratamiento tiene una incidencia directa en el ejercicio de los derechos de la población”.
Desahuciadas para este año, las elecciones judiciales fue el tema de debate entre los miembros de las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa.
Los legisladores buscan, actualmente, “salidas constitucionales”, principalmente por el “vacío de poder” inminente a partir del 3 de enero.
Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez afirmó que el debate sobre ese tema se debe dar en una sesión entre diputados y senadores.
“La Asamblea Legislativa tiene que retomar el debate, pero no por separado. No es suficiente por cámaras separadas, porque ese procedimiento no ha funcionado”, dijo este lunes en La Razón Radio.
