Ni prórroga del mandato de magistrados y consejeros ni sorteo de algunos de ellos, sino una salida que no malogre la Constitución. Ésa es la premisa que precede a la reunión crucial de legisladores en la Asamblea convocada para este viernes por David Choquehuanca.
A poco más de 20 días del final de las funciones de 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP) y Agroambiental, y tres miembros del Consejo de la Magistratura, el vicepresidente del Estado y a su vez presidente nato de la Asamblea Legislativa confirmó ayer a través de su cuenta de X esa cita, “para abordar la situación de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial”.
El miércoles, por encargo de Choquehuanca, el secretario general de ese despacho gubernamental, Juan Carlos Alurralde, anunció la reunión para este viernes, a las 09.00, en el Salón de Videoconferencia de la Vicepresidencia del Estado. Fueron convocados los presidentes de las cámaras de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Israel Huaytari, además de los jefes de bancadas de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, y los presidentes de distintas comisiones legislativas vinculadas al proceso.
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Asamblea
La iniciativa había sido planteada por Rodríguez, quien, en carta dirigida el martes a Choquehuanca, solicitó la promoción del diálogo político. Hay que “viabilizar una ruta constitucional para resolver el destino de la justicia luego del 31 de diciembre”, dice la parte central de la misiva.
Será un segundo intento de Choquehuanca, ante los fallidos acuerdos legislativos y los recursos judiciales y constitucionales, por salvar los comicios desahuciados para este año. El 8 de agosto, propició una primera reunión con los mismos actores cuyo acuerdo fue la conformación de una mesa técnica para la elaboración de un proyecto de ley único con el objetivo de salvar las elecciones.
Suspendido por dos recursos legales, uno de Miguel Ángel Balcázar y otro del diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso previo a las elecciones judiciales no encuentra una vía expedita desde marzo de este año.
Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejara en cero el proceso, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que, al llegar a Diputados, pasó a consulta de distintos órganos e instituciones del Estado, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El TCP admitió la consulta del TSJ, cuya posición aún no fue conocida.
En medio de esa incertidumbre se propicia la reunión de hoy.
El 3 de diciembre, Rodríguez consideró que “la prórroga, autoprórroga o decretazo para ampliar o designar cúpula judicial en el país son inconstitucionales”.
En esa misma línea, el diputado de CC Enrique Urquidi dijo a los medios que su agrupación no va a aceptar “ninguna prórroga”.
El jefe de esa alianza, el expresidente Carlos Mesa, reivindicó en la red X la agenda legislativa que CC propuso el 6 de noviembre. Exigió que los magistrados y consejeros actuales deben dejar sus funciones el de enero de 2024 “sin prórroga ni interinato”.
Sin embargo, Carlos Alarcón había sugerido hace dos semanas la “declaratoria en comisión de los actuales jueces y vocales” de los distintos tribunales a través de un “sorteo público, transparente y aleatorio” para un mandato provisional de “seis meses máximo”.
Salida
Una salida posible al “vacío judicial” fue consignada en el proyecto de ley —sobre la propuesta del senador Hilarión Mamani (MAS)— aprobado por el Senado el 31 de agosto.
El documento proponía la suspensión de plazos procesales mientras sean elegidos los 23 magistrados y tres consejeros.
El miércoles, en entrevista con La Razón Radio, el expresidente del país y extitular de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, coincidió con la propuesta y recordó que no sería la primera vez que se apele a la opción.
Los actuales magistrados y consejeros terminan su mandato de seis años el 2 de enero.
(08/12/2023)
