Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegarán a Bolivia para el seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos poselectorales de 2019.
Los comisionados estarán en el país entre el 12 y el 14 de diciembre, según una publicación de su página web institucional.
La delegación estará liderada por el comisionado relator de país, José Luis Caballero Ochoa, junto con la jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y un equipo técnico.
“Se llevarán a cabo reuniones de alto nivel con autoridades, organismos internacionales, víctimas y sociedad civil”, agrega la comunicación.
Los comisionados recogerán información con el objetivo de presentar el primer informe de la MESEG (Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe del GIEI) y socializar sus hallazgos respecto de los avances.
La CIDH y el Estado boliviano suscribieron en diciembre de 2019 un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia; además y las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante los conflictos sociales de 2019.
Entonces, una serie de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el entonces presidente, Evo Morales, renuncie a su cargo.
CIDH
Los movilizados vieron coronado su pedido el 10 de noviembre de ese año; Morales se alejaba del cargo.
Dos días después, el 12, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y luego, la Presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum necesario ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).
De inmediato surgieron las movilizaciones que pedían “respeto a la democracia” y reclamaban por la renuncia de Morales.
En el afán de contener las protestas, Áñez emitió el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a policías y militares por el posible uso excesivo de la fuerza. La norma fue abrogada el 28 de noviembre.
“Blindados”, los uniformados reprimieron violentamente a los movilizados. Primero, el 15 de noviembre, fuerzas del orden provocaron la muerte de 10 personas, la mayoría a bala, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.
Pero el 19, la historia se repitió. Esta vez en la zona de Senkata, en El Alto. La misma cantidad de personas perdió la vida debido a la violencia y el uso de armas de los uniformados.
Tanto la CIDH como el GIEI, a su turno, establecieron que incluso hubo casos de ejecuciones extrajudiciales y que la violencia degeneró, sin duda, en masacres.
Fallecidos
Sumado a eso, la represión dejó centenares de heridos en ambas regiones. Finalmente, luego de todos los sucesos, se contabilizaron 37 personas fallecidas y al menos 400 heridos.
El 17 agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó públicamente su informe final y emitió 36 recomendaciones dirigidas al Estado, a la sociedad y a la CIDH.
La expresidenta Áñez y otras 17 personas, entre exministros, exjefes policiales y militares fueron acusadas formalmente en los casos Sacaba y Senkata.
Sin embargo, en el caso de Áñez, un tribunal de Sacaba se declaró incompetente para juzgarla por la vía ordinaria, como exige el Ministerio Público.
Lo mismo pasó con un tribunal de El Alto, aunque en ese caso, reculó en su decisión y admitió el proceso. Las víctimas reclaman un proceso expedito a través de la justicia ordinaria.
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